El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte reiteró que de los recursos recaudados por concepto de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) del proyecto vial “Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de La Prosperidad”, serán invertidos en proyectos de infraestructura vial en la región Caribe.
La viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana Ospina, indicó que la distribución se realizará conforme a 17 variables analizadas dentro de las que se encuentran la población total, cobertura de servicios públicos, índice de desempeño fiscal, cobertura de alcantarillado, número de predios urbanos y rurales, gasto de inversión, entre otros.
Informó que el Invías tomó como fuente de información principal el repositorio de datos de TerriData – Sistema de Estadísticas Territoriales de Colombia del Departamento Nacional de Planeación, con el que realizó un análisis de factores como la densidad económica, financiamiento urbano y ruralidad de las variables analizadas, para determinar la variable más representativa de cada dimensión.
“Se obtuvieron los índices de los diez municipios que comprenden la zona de influencia, determinando el porcentaje de participación de cada uno sobre el total del recaudo, permitiendo así distribuir el recaudo de manera que los municipios menos favorecidos en criterios socioeconómicos, tendrán un mayor porcentaje de participación en el reparto del recaudo”, puntualizó Ospina en un encuentro realizado en Cartagena con el Invías, alcaldías y gobernaciones de Atlántico y Bolívar con el objetivo de avanzar en el proceso de diálogo sobre la destinación de los mencionados recursos.
El monto
El director del Invías, Jhon Jairo González dijo que de acuerdo con la Resolución de Distribución 3856 de 2024, el monto distribuible de este proyecto asciende a la suma de $2,38 billones de pesos, sin embargo, y teniendo en cuenta las condiciones de exenciones y de contribución individual basada en los topes del Impuesto Predial Unificado, el Invías estima que el valor de recaudo ascienda a la suma de $1.23 billones de pesos.
Se aclaró que este valor será recaudado por el Invías y administrado por el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), quienes determinarán la destinación o uso de los recursos para garantizar transparencia de inversión en proyectos estratégicos de infraestructura en el sector transporte.
El funcionario ratificó que la CNV del proyecto se encuentra en la etapa de implementación, teniendo en cuenta que el instrumento se aplicó bajo los principios establecidos en el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, norma que actualmente sigue vigente y que permite seguir adelantando las acciones de contribución.
Sin embargo, la entidad se encuentra a la fecha dando cumplimiento a lo ordenado en la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico, que ordenó cesar el cobro e implementar audiencias públicas informativas en los Distritos de Barranquilla y Cartagena, y los municipios de Santa Catalina, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó, Galapa, Tubará y Malambo en la zona de influencia.
“Desde el pasado 4 de septiembre, el Invías publicó el aviso de convocatoria a las audiencias públicas en cumplimiento de la medida cautelar, y a partir del 6 de noviembre y hasta el 6 de diciembre de 2025 realizaremos estas audiencias en los 10 municipios, para ratificar el compromiso del Gobierno Nacional y la ministra María Fernanda Rojas de socializar con las comunidades que este cobro no afectará a los menos favorecidos, sino por el contrario, traerá mayor desarrollo en infraestructura vial en el territorio, más conectividad y con esto más crecimiento turístico y económico para sus habitantes”, indicó el director.
Exentos y excluidos
En la actividad el Invías aclaró que no todos los habitantes de la zona de influencia deberán realizar el aporte, ya que ha sido uno de los temas que más han generado opiniones y tomado relevancia en el tema de la Contribución Nacional de Valorización.
Se indicó que los exentos del aporte están conformados por propietarios/poseedores en pobreza extrema y moderada (SISBÉN A1 – A15 y B1 – B7), sin capacidad de pago, predios habitacionales en estratos 1, 2 y 3 y propietarios/poseedores de Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Los excluidos son conformados por bienes de uso público, tierras comunales, zonas de riesgo, iglesias, cementerios, patrimonio público, embajadas y otros contemplados en la Ley 1819 de 2016, artículo 253.
La valorización no es un impuesto
Respecto a la desinformación que se ha generado sobre este tema, la viceministra de Transporte agregó que este aporte es una contribución especial y no un impuesto, que realizarán los propietarios/poseedores cuyos predios se beneficien por la ejecución de obras de infraestructura ejecutadas cerca de su predio.
“Los impuestos no tienen una destinación específica, mientras que los recaudos de esta valorización solo serán usados en obras de infraestructura en la región Caribe, además los impuestos recaen sobre las personas y es un pago periódico, mientras que este aporte es único y recae sobre el predio”, afirmó Ospina.
Más historias
Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro
Buque cisterna embistió a un crucero en Nueva Orleans: 32 heridos leves, no hubo muertos ni desaparecidos
Suspenden vuelos en Estados Unidos por fallas en las comunicaciones