Corte Constitucional le pone limite a funciones de la Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación solo tendrá facultades administrativas disciplinarias y no judiciales cuando se trate de aplicar sanciones en torno a funcionarios públicos elegidos mediante el voto popular. En concreto, la PNG solo aplicará suspensión del cargo, previa investigación, mientras se surte el proceso judicial que será potestad de los jueces

La determinación debatida por 9 magistrados de la Corte, de los cuales 5 votaron en favor de quitarle la facultad judicial a la Procuraduría que estaba amparada por la Ley 2094 de 2021 que establecía la suspensión e inhabilidad para los elegidos por voto popular, como alcaldes y gobernadores; mientras que 4 hicieron salvedad parcial de su votos.

Sin embargo, la situación pasa a evaluación del Consejo de Estado, organismo que también deberá sentar su posición por ser la máxima jerarquía en materia administrativa.

Entre tanto los magistrados exhortaron “al Congreso de la Republica para la adopción de un estatuto de los servidores de elección popular, incluido un régimen disciplinario especial, que materialice los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de protección y garantía de los derechos políticos y electorales”.

Sobre la decisión de la Corte Constitucional, analistas como Humberto De la Calle y Alfonso Palacios expusieron sus puntos de vista.

De la Calle, en entrevista de radio, manifestó: “Me parece una decisión muy sabia porque resuelve el dilema en el que estábamos. Sin embargo, hay un pequeño problema de ajuste: la Convención Interamericana habla de jueces penales, el Consejo de Estado no lo es, pero es la cabeza de la rama contenciosa”, sostuvo.

Por su parte, Palacio, aseguró que “en efecto la Corte le dice a la Procuraduría que no es un juez, que no tiene naturaleza jurisdiccional, pero mantiene la posibilidad de que realice toda la investigación, no obstante, la sanción está supeditada a la ratificación de esa sanción de quien si en verdad es un juez como lo es el Consejo de Estado”.