Creación de comunidades energéticas, un reto no tan fácil, dicen expertos

Aunque el tema no es novedoso, puesto que el presidente de la República, Gustavo Petro, cada vez que tiene oportunidad en eventos del sector energético y la tendencia mundial de la transición hacia energías limpias, anuncia que su gobierno tiene entre sus objetivos establecer las llamadas comunidades energéticas, no es tan fácil concretarlo.

El Mandatario destaca, entre las ventajas para el país, que más de 2 millones de familias verían beneficios en la facturación a través de este sistema; sin embargo, la percepción es que esto no ha pasado más allá de una buena intención.

Dos expertos abordan el tema de las comunidades energéticas en el país y coinciden que hace falta mucha información básica para que la población objetivo entienda ‘al dedillo’ todo el proceso que contempla aspectos jurídicos y estructurales que no son fáciles de digerir.

Para Juan David Molina, líder de gestión Colombia Inteligente, lo que hay es un reto que viene en camino materializarse, a través de un decreto en el que trabaja el Gobierno; no obstante, considera que es imprescindible que quede claro, en un corto plazo, “cuáles van a ser los roles y responsabilidades” de quienes harán parte de una comunidad energética.

“Hay un sistema energético, hay unas agrupaciones de personas; es, realmente, saber cuáles van a ser los roles y responsabilidades, porque al final siempre será una prestación de un servicio de energía y más, un servicio público de energía”, indica.

Debe ser reglamentadas

También advierte que otras acciones deben ser reglamentadas de manera precisa en el caso de la responsabilidad y es hasta dónde ésta llega, quién la asume en la prestación del servicio, en un contexto en el que la comunidad es un elemento.

“Un elemento igual de importante es lo que es el punto de vista del empoderamiento de usuario. Realmente, tenemos que desarrollar el concepto de comunidad. Hace poco escuché que las comunidades energéticas no es un reto energético, es un reto de comunidad, es un reto social. Entonces, en ese elemento de empoderamiento del usuario hay dos palabras: Formación e información”, señala Molina.

Agrega que “si no podemos generar las capacidades y habilidades en las personas que van a estar en esa comunidad, difícilmente vamos a poder desarrollar ese concepto de comunidad energética. Y el otro, la información; si no tienen los datos, información que se genere, no necesariamente estoy hablando de datos de suministro de energía, todo lo que corresponde hacer una comunidad energética… ¿Cómo nos vamos a agrupar; cómo vamos a hacer la gestión administrativa?”.

Plantea el experto que como se trata de un sistema energético, además de saberse quién lo va a operar o mantener, y cuáles serán los servicios para prestar, no menos importante es tener claridad en los incentivos. “¿Cuáles van a ser esos incentivos que vamos a tener para generar esas comunidades energéticas?”, señala.

A la par de los incentivos, de igual manera, hay que informar el punto de vista financiero en el tema de la sostenibilidad del sistema. “Eso debe garantizarse cómo van a ser los incentivos; ya se han planteado algunos esquemas que las mismas entidades que hoy en día, como el Fenoge (Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía), ya lo utiliza, u otras entidades financieras, pero nosotros, o las personas que están en una comunidad deben tener claro ese sentido financiero”.

En construcción

El otro experto en el tema es Manuel Peña Suárez, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, quien de entrada asegura que “el tema de comunidades energéticas es un ejercicio que te está en construcción. Las últimas definiciones regulatorias están previstas en la segunda versión del decreto, que ya se culminó su etapa de consulta”.

De manera didáctica, Peña explica que en la UPME han entendido, desde la Ley 2294 que definía la primera versión del concepto de comunidades energéticas, tres pilares o dimensiones básicas de esta definición.

El primero es cobertura, descentralización y democracia en el servicio; el dos, es netamente energético, el uso de fuentes no convencionales de energías renovables, eficiencia energética, recursos energéticos distribuidos; y el tres, el concepto de organización comunitaria, organización social, cooperación y asociatividad en las comunidades que lleguen a este nivel.

“El ejercicio que hemos adelantado en la UPME para llegar a los retos, incluso para tener una información, es que requería de ir a territorio, de ir a mirar, realmente, visibilizar sea de iniciativas que cubrirán esta iniciativa nacional”, anota.

Y para ir a terreno se lograron dos convenios con igual número de universidades, uno con la Industrial de Santander, UIS; y la Nacional, UN, para trabajar en Cundinamarca.

“En Santander nos distribuimos en seis capitales provinciales para aglutinar, congregar y explicar a un público, entre asociaciones de usuarios, operadores de red, operadores de gas, usuarios de servicios públicos, cooperativas, explicarles el proceso de comunidades energéticas. Finalizamos un ejercicio con, aproximadamente, 600 personas presenciales y más de 3.000 virtuales, a través de los canales streaming de la Universidad”.

“¿Qué encontramos ahí? Básicamente, que iniciativas de comunidades energéticas se hicieron presentes, en mayor proporción, en propiedades horizontales de vivienda, mercados y centros de acopio, zonas francas, centros poblados, zonas rurales interconectadas, zona rural no interconectada, asociaciones de acueductos veredales, asociaciones y cooperativas de productores”, manifiesta el experto.

121 iniciativas

Del proceso se recibieron 121 iniciativas y quedaron 31 que vienen siendo caracterizadas en aspectos del esquema asociativo, energía y potencia de servicio.

Mientras que con la UN, en Cundinamarca, y a la que se sumó la Gobernación, a través de la Secretaria de Competitividad, la labor se hace con 16 asociaciones de productores ya organizados y con existencia de entre tres y cuatro años, pero que ha tenido problemas con el servicio de energía eléctrica y están en la determinación de hacer un ejercicio de ser comunidades energéticas.
“En este caso el ejercicio es diferente. Ya hay un esquema asociativo, un esquema productivo, una dimensión. El ejercicio de la Universidad Nacional es diferente al de la UIS. ¿Qué retos encontramos en todo esto? Desde la asociatividad, el decreto plantea un esquema asociativo, una comunidad energética, asociación entre comunidades energéticas, asociaciones, comunidades tanto públicas como privadas, y así lo expresábamos nosotros en nuestras disertaciones, con ellos. Pero, realmente, para el campesino este tema es difícil de digerir”, sostiene Peña.

“Un reto que encontramos es que es necesario que el Estado, en el caso de Santander, que ya lo finalizamos, coordine con una dirigencia local, ya sea con las academias locales o con asociaciones de profesionales que realmente es un apoyo en el esquema organizativo. Por ejemplo, una asociación de paneleros me decía, ¿Cómo paso yo mi cooperativa para ser comunidad energética? Son aspectos legales que, de pronto para un experto son fáciles de dilucidar, pero para los campesinos es un tema difícil”, expresa.

Y concluye afirmando que el primer reto y “es necesario, a nuestro juicio, es que haya un esquema de coordinación regional de este tema de asociatividad, cómo se hace la figura jurídica”.