La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó una propuesta de Ley de Amnistía General destinada a los presos políticos y ordenó el cierre definitivo de la sede del SEBIN, conocida como el Helicoide, para transformarla en un espacio de uso social.
Estas medidas buscan, según la mandataria, otorgar una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad tras décadas de conflicto.
La propuesta de ley, que se espera sea aprobada por la Asamblea Nacional la próxima semana, contempla un perdón jurídico para los hechos de violencia política registrados desde el año 1999 hasta la actualidad.
Se estima que existen entre 711 y más de 1.000 presos políticos en el país. La normativa no será universal; quedarán excluidos aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
La presidenta Delcy Rodríguez instó a los beneficiarios a evitar sentimientos de “revancha, venganza u odio” una vez recuperen su libertad.
El fin del Helicoide como centro de detención
Uno de los puntos más simbólicos del anuncio es la transformación del Helicoide. Esta edificación, originalmente concebida en la década de 1950 como un centro comercial, ha funcionado como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y ha sido denunciada por la ONU y diversas ONG como un centro de torturas y abusos.
Bajo el nuevo decreto, las instalaciones se convertirán en un centro social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades aledañas. Este movimiento ocurre semanas después de que el gobierno estadounidense mencionara la necesidad de cerrar cámaras de tortura en la capital venezolana.
Contexto político y reacciones críticas
A pesar de la magnitud del anuncio, sectores de la oposición mantienen su escepticismo. La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que esta decisión no es un gesto voluntario, sino el resultado de la presión real de los Estados Unidos.
Machado señaló que Rodríguez es incapaz de liderar una transición política estable debido a su corresponsabilidad en la crisis actual.
Venezuela no ha tenido una ley de amnistía efectiva desde 2007; un intento previo del Parlamento en 2016 fue bloqueado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Este nuevo proceso de excarcelaciones, iniciado a principios de enero, marca un punto de inflexión en la política interna venezolana, mientras el gobierno de Rodríguez convoca también a una gran consulta nacional para reformar el sistema de justicia bajo la supervisión de Diosdado Cabello.
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