La deconstrucción o demolición del antiguo Puente Pumarejo se ha convertido con el correr de los años en uno de los desafíos fiscales y logísticos más complejos para el sector transporte en Colombia.
Tras su reciente visita a la capital del Atlántico, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dejó en evidencia que la obra, aunque urgente para la navegabilidad del río Magdalena, carece actualmente de una partida presupuestal definida.
Este hecho sugiere que la ejecución final de esta compleja tarea, cuyo valor se estima en más de 140 mil millones de pesos, recaerá, con alta probabilidad, en el próximo gobierno.
La funcionaria fue enfática al calificar la situación como un “chicharrón” administrativo y financiero que debió resolverse desde el momento en que se ejecutó la nueva infraestructura.
Según Rojas, resulta incomprensible que el contrato original de la nueva megaestructura, inaugurada en 2019, no contemplara la intervención definitiva sobre el puente viejo, permitiendo que una estructura obsoleta continúe limitando la capacidad operativa del nuevo corredor fluvial.
Un lastre económico de 146.000 millones de pesos
Desde una perspectiva técnica y financiera, el panorama es desalentador para el corto plazo: La deconstrucción del viejo puente requeriría una inversión cercana a los 146.000 millones de pesos.
Financiación en vilo: El Gobierno Nacional se encuentra apenas en la etapa de “evaluar alternativas”, considerando incluso llevar el proyecto a una discusión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para intentar garantizar los recursos.
Impacto en la competitividad: La permanencia de la estructura antigua impide el paso de grandes embarcaciones, propósito principal por el cual se construyó el nuevo puente.
Esta limitación ha llevado a que la Contraloría advierta que el nuevo Pumarejo corre el riesgo de convertirse en un “elefante blanco” si no se habilita su gálibo total.
Críticas a la gestión de administraciones pasadas
La ministra María Fernanda Rojas cuestionó duramente a sus antecesores por no haber incluido esta demolición de manera obligatoria y garantizada en el contrato de construcción previo.
“Uno no puede resolver un problema, dejar otro y esperar a que lo resuelvan los que vienen”, sentenció la funcionaria, subrayando que la actual administración ha heredado múltiples conflictos operativos y financieros en el sector.
Pese a que se estudian opciones como la ejecución por fases, la magnitud de la inversión —que la ministra describió como de “cientos de miles de millones”— y los trámites administrativos necesarios para un nuevo CONPES, indican que el “chicharrón” de liberar el río Magdalena seguirá siendo una cuenta pendiente en la agenda económica del país durante los próximos años.
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