En un giro significativo para la búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia, los ganaderos Jaime y Francisco Angulo Osorio, condenados por financiar el paramilitarismo, han declarado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que la Gobernación de Antioquia, bajo la administración del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, tuvo pleno conocimiento y colaboró activamente con la incursión paramilitar en Ituango, lo que permitió la comisión de masacres atroces como la de El Aro.
Estas confesiones se suman a un megaexpediente que indaga la presunta participación de Uribe en masacres y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Los hermanos Angulo Osorio, condenados en 2013 a 30 años de prisión por el homicidio de Jesús María Valle y por la conformación, financiación y coordinación del paramilitarismo en Ituango, reconocieron por primera vez ante la JEP los hechos por los cuales ya habían sido sentenciados en la justicia ordinaria.
Su decisión de acercarse a esta jurisdicción, tras ser capturados en 2017 y 2020, respectivamente, busca, según algunas víctimas, obtener su libertad, aunque prometen mover el tablero judicial del caso.
Detalles de las Declaraciones de los Angulo Osorio
Llegada y Financiamiento Paramilitar: Cambio reveló que Francisco Angulo Osorio explicó a la JEP que él y su hermano financiaron y colaboraron con la llegada de 44 paramilitares a Ituango en septiembre de 1996. De ellos, 42 se quedaron en la finca de Javier Duque, padre de Máximo Duque (exdirector de Medicina Legal en el gobierno de Uribe), y los dos comandantes se alojaron en un apartamento de los Angulo.
Su rol, y el de otros colaboradores, fue financiar y prestar ayuda logística como víveres, medicinas, transporte, alojamiento y dinero a los paramilitares. Jaime Angulo reconoció haber financiado y prestado logística, aunque afirmó no tener intención de desplazar o matar, e incluso mencionó haber vendido ganado para dar dinero a un comandante paramilitar.
Contubernio con el Estado: El citado medio afirma que los ganaderos aseguraron que la connivencia con la Gobernación de Antioquia y los militares existió desde el principio. Francisco Angulo afirmó haber dado información al Ejército y a la Gobernación sobre dónde bombardear, utilizando a Jhon Dairo Echeverry como intermediario con Pedro Juan Moreno, quien era el secretario de gobierno de la Gobernación de Antioquia. Este contubernio, según Francisco Angulo, fue lo que permitió las masacres de El Aro y La Granja.
Creación de las Convivir: Se explicó que las asociaciones Convivir se crearon el 15 de julio de 1997 para servir como grupos de informantes legales que apoyarían a los paramilitares y al Ejército, y actuar como intermediarios legales entre ambos.
Los mismos individuos que financiaron a los paramilitares en Ituango (incluyendo a los Angulo, Jhon Echeverry, Román Tapias Rengifo y Pedro José Mazo Vera) aparecen como miembros de la Convivir. Un día después de su firma, el general Ospina, de la Cuarta Brigada, dio un concepto militar favorable a la estructura paramilitar.
Participación de Altas Instancias: Francisco Angulo señaló que en la Cuarta Brigada, el general Ospina era el más interesado en las Convivir para tener un grupo de apoyo con información para el Ejército en Ituango, mientras que Pedro Juan Moreno era el que más insistía en esto desde la gobernación. Indicó que el Ejército y la Policía operaban en conjunto con los paramilitares, incluso recibiendo bajas de estos últimos para obtener premios.
Masacres y Homicidio de Jesús María Valle: Los Angulo confirmaron que su financiación fue clave para la masacre de El Aro, y que contribuyeron con logística para que el grupo paramilitar ingresara y se mantuviera en la zona. Francisco Angulo también relató que sobrevoló un avión mostrando el punto de bombardeo junto con Jhon Echeverry y la Cuarta Brigada.
Respecto al homicidio de Jesús María Valle, los hermanos Angulo explicaron que la decisión de asesinarlo se tomó en una reunión tras obtener información de una fiscal de Caucasia que les ayudaba, la cual reveló que Valle los estaba investigando por la incursión paramilitar y la relación de la Cuarta Brigada con ellos. Interceptaron un vehículo de la Fiscalía para robar los expedientes y leer las pruebas en su contra, lo que los llevó a decidir su muerte.
Las implicaciones para Álvaro Uribe Vélez
Las declaraciones de los Angulo se producen en un momento crítico para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien recientemente fue reseñado como recluso por un caso de soborno a testigos y fraude procesal.
Su siguiente desafío judicial es el proceso que indaga su presunta participación en las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio de Jesús María Valle, ocurridos mientras era gobernador de Antioquia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en estas masacres y el asesinato de Valle, concluyendo que fueron parte de un engranaje criminal en Antioquia que operó con la connivencia de agentes estatales y paramilitares.
La Corte IDH señaló directamente a la Gobernación de Antioquia y la Cuarta Brigada del Ejército por operar en coordinación con paramilitares para controlar social y militarmente Ituango.
Estas nuevas declaraciones ante la JEP se entrelazan con otros testimonios, como el del excomandante de las AUC Salvatore Mancuso, quien en 2023 responsabilizó a Uribe en el asesinato de Jesús María Valle y en la planeación de la masacre de El Aro.
Mancuso afirmó que Uribe estaba vinculado a una reunión donde Pedro Juan Moreno solicitó la ejecución de Valle porque este “estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él”.
La voz de las víctimas y rol de la JEP
Mientras la JEP busca reconstruir la verdad, la abogada María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, y otras víctimas consultadas por Cambio, han expresado escepticismo sobre la totalidad de la verdad aportada por los hermanos Angulo.
Sostienen que, si bien reconocen algunos hechos, evitan vincular directamente a “dirigentes políticos importantes” de la época y al exgobernador Álvaro Uribe Vélez.
Algunas víctimas afirman que los Angulo no eran “simples financiadores” sino que eran “paramilitares y narcotraficantes” que “mandaban en Ituango”, controlaban rutas y decidían sobre la vida y la muerte, y que sus declaraciones ante la JEP ocultan mucho y buscan simplemente obtener su libertad. La familia de Jesús María Valle incluso se retiró de las audiencias al escuchar que los Angulo se reconocían como víctimas de la guerrilla.
El magistrado de la JEP Gustavo Salazar ha contextualizado que Ituango no es un caso aislado, sino parte de una estrategia departamental en Antioquia donde Fuerza Pública, funcionarios departamentales y paramilitares actuaron de manera conjunta para el control territorial.
La JEP deberá contrastar los testimonios de los Angulo con otras pruebas, incluidas las de Mancuso, para determinar si sus relatos son claves para el subcaso Antioquia o si buscan reducir sus penas protegiendo a otros.
Lo que es seguro es que, para Álvaro Uribe, los desafíos judiciales, lejos de concluir con su detención, apenas están comenzando con estas nuevas revelaciones que la Fiscalía ya está analizando.
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