Según fuentes del gobierno, aún no está suficientemente claro si todo lo relacionado con el decreto de emergencia económica que acaba de ser suspendido por la Corte Constitucional, es inaplicable o no.
De manera específica, hay dudas sobre si los decretos derivados del principal que dejó sin efecto la alta corporación, mantendrían vida jurídica o no.
El Gobierno Nacional adelanta las consultas jurídicas sobre este tema, con miras a tomar decisiones administrativas y legales que comunicará en el menor tiempo posible.
Específicamente, fuentes del Ministerio de Minas y Energía le contaron a El Norte que hay posiciones jurídicas encontradas. Unas que dicen que tras suspenderse el decreto “madre” los otros quedan jurídicamente inejecutables; mientras que otros sostienen que la medida de la suspensión no cobija a los derivados.
Y uno de esos decretos es el que se refiere a una contribución parafiscal cuyos recaudos se han proyectado para el pago de subsidios y los compromisos de la empresa Air-e.
De manera concreta el Decreto Legislativo 0044 de 2026 establece la aplicación de un aporte del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de 2025 para las generadoras. Este cobro estaba previsto que comenzara a implementarse a partir del 2 de febrero en una primera cuota y el 15 de mayo la segunda.
Igualmente, un Aporte Solidario en Especie. Las hidroeléctricas deberán entregar el 12% de su energía vendida en bolsa para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superservicios.
Impacta la seguridad energética
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó la medida de la Corte como una decisión política que impacta directamente la seguridad energética del país.
Según el alto funcionario, quien dio declaraciones hoy 31 de enero en Barranquilla, el decreto de emergencia era la herramienta jurídica fundamental para financiar programas esenciales. Dijo que su suspensión afecta áreas críticas como los subsidios de energía y gas, con lo cual se ve comprometida la capacidad del Estado para sufragar los subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3.
Igualmente, dijo que la falta de estos recursos no solo afecta la energía, sino también programas de salud y seguridad que dependían de esta disposición.
La situación crítica de la empresa Air-e
Uno de los puntos más preocupantes para el ministerio Edwin Palma, es el futuro de la empresa Aire, que actualmente se encuentra bajo la intervención de la Superintendencia.
Subrayó que el decreto permitía sostener la operación de esta compañía, que suministra energía a 1.5 millones de familias en tres departamentos de la región Caribe.
Enfatizó que, si el gobierno no hubiese intervenido a petición de los dueños el año pasado, la región ya habría sufrido un apagón. No obstante, asegura que se están tomando medidas regulatorias con la CREG para garantizar la prestación del servicio.
Acciones legales y próximos pasos
El ministro de Minas y Energía informó que el gabinete ministerial se reunirá en los próximos días para analizar las medidas legales disponibles para enfrentar la decisión de la Corte.
Concretamente se agotarán todas las instancias jurídicas para intentar revertir o mitigar el impacto de la suspensión del decreto.
Igualmente, el ministro mantendrá conversaciones con la encargada agente especial interventora de Aire, Tania Peñaranda, para asegurar la continuidad del servicio público esencial en la región.
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