Ecopetrol evalúa dos rutas de exportación tras aumento de aranceles de Ecuador

Ante el nuevo escenario tras la imposición de nuevos gravámenes arancelarios por parte de Ecuador al transporte de crudo de Colombia Ecopetrol evalúa actualmente dos rutas principales para mantener la viabilidad de sus exportaciones.

De acuerdo con el Gobierno, la medida de Ecuador incrementa drásticamente los costos operativos, pasando de una tarifa negociada de 2.7 dólares por barril a casi 30 dólares con el nuevo arancel.

Esta situación afecta el movimiento de aproximadamente 85,500 barriles de crudo que Ecopetrol destina a la exportación, además de impactar a otros actores del sector como Geopark, Gran Tierra y Parex.

La primera de las alternativas es la ruta terrestre y ducto central. Consiste en movilizar el crudo a través de la infraestructura de Babillas, Guaduas y Vasconia hasta el sistema central para su exportación por Coveñas.

El costo estimado de esta alternativa, de acuerdo con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está entre 12 y 15 dólares por barril, pues se requiere una operación altamente demandante que incluye la contratación de unos 150 camiones.

La segunda alternativa es la reactivación del Oleoducto Trasandino (OTA), con una inversión aproximadamente 20 millones de dólares.

“La reactivación tomaría meses y requiere intervenir una zona de alto conflicto. Además, existen restricciones legales derivadas de la Sentencia T-390 de la Corte Constitucional, que exige estudios de viabilidad técnica, ambiental y económica para un nuevo trazado que no afecte a las comunidades indígenas Awá en Nariño”, afirmó Roa.

Añadió que el Gobierno Nacional y Ecopetrol buscan resolver esta crisis no solo mediante logística, sino a través de canales institucionales. En ese sentido el presidente de Ecopetrol afirmó que se trabaja coordinadamente con la Cancillería y el Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución con las autoridades ecuatorianas.

Igualmente, se evalúa activar un Tribunal de Justicia bajo las normas de la Comunidad Andina (CAN) y el Acuerdo de Cartagena, argumentando una afectación económica grave y la restricción al libre comercio de un recurso energético estratégico.

También, se busca dialogar con los órganos de control y el Ministerio de Ambiente para cumplir con las exigencias de la Corte Constitucional y viabilizar la operación en el sur del país.

Roa Barragán recordó que la decisión de transportar crudo a través de la infraestructura ecuatoriana, conectada desde Lago Agrio, no fue arbitraria. Se tomó a finales de 2023 debido a la crítica situación de orden público en el oleoducto local, donde el robo de crudo mediante más de 16 válvulas ilícitas generaba pérdidas de entre el 25% y 30% del volumen transportado.