En un giro que busca aliviar la asfixia comercial en la frontera andina, el Gobierno de la República del Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa Azin, anunció una reducción de la denominada “tasa de seguridad” aplicada a los productos provenientes de Colombia.
La medida establece que el gravamen, que había alcanzado un máximo histórico del 100% apenas tres días antes, descenderá al 75%.
Según el comunicado oficial de la Presidencia, este ajuste ratifica la voluntad de Ecuador de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad y fortalecer el desarrollo en la zona fronteriza.
El presidente Noboa ha sostenido que la falta de control por parte del gobierno colombiano en su lado de la frontera obliga a Ecuador a destinar aproximadamente 400 millones de dólares adicionales en gastos de seguridad.
Cronología de una tensión económica
La disputa arancelaria ha escalado de manera vertiginosa desde inicios de 2026. Lo que comenzó como una tasa del 30% en enero, bajo el argumento de la inacción colombiana frente al narcotráfico y la minería ilegal, subió al 50% en abril y finalmente al 100% el pasado 1 de mayo.
Durante el breve periodo de vigencia del arancel máximo, solo los productos petroleros y energéticos estuvieron exentos de la medida.
La reacción de Bogotá no se hizo esperar. El gobierno de Gustavo Petro calificó la política ecuatoriana como un “incumplimiento flagrante” de los acuerdos de la Comunidad Andina y respondió con presiones económicas severas, incluyendo la suspensión de la interconexión eléctrica y el cierre de pasos fronterizos para productos clave como el arroz y el banano.
Proyecciones técnicas advertían que, de no ceder el conflicto, las exportaciones colombianas podrían desplomarse un 79%, representando pérdidas de 1.452 millones de dólares.
Impacto en la frontera y futuro de las negociaciones
En las ciudades fronterizas de Tulcán e Ipiales, la noticia ha sido recibida con una mezcla de alivio y escepticismo. Los gremios de transportistas y cambistas, que describieron la crisis como el inicio del “día del hambre“, mantienen el llamado a una negociación definitiva que evite la paralización total del intercambio regional.
Por su parte, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, ha manifestado el interés de Bogotá en restablecer plenamente el flujo comercial.
Se espera que la reducción del arancel entre en vigor plenamente el 1 de junio, marcando el inicio de una fase de desescalada en la que ambos gobiernos deberán decidir si optan por la confrontación o por el diálogo propuesto recientemente por el presidente Petro para “construir la paz” en la frontera común.
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