La nueva acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro amplía los señalamientos sobre sus presuntas relaciones con organizaciones armadas ilegales colombianas.
El expediente menciona supuestos vínculos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como contactos con antiguos comandantes de la guerrilla que posteriormente participaron en la creación de estructuras disidentes.
De acuerdo con la información divulgada sobre el proceso judicial, las autoridades estadounidenses investigan presuntos acuerdos entre Maduro y figuras como Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, e Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes integraron las antiguas FARC.
Las acusaciones apuntan a posibles negociaciones relacionadas con el suministro de armamento y explosivos, en medio de operaciones de narcotráfico que habrían involucrado a funcionarios venezolanos y grupos armados colombianos.
Los señalamientos hacen parte de la tesis de los fiscales estadounidenses sobre una presunta articulación entre actores del poder venezolano, redes dedicadas al tráfico de drogas y organizaciones armadas que operan en Colombia.
Sin embargo, se trata de acusaciones que deberán ser examinadas en el marco del proceso judicial y no de hechos que puedan darse por demostrados únicamente por su inclusión en un expediente.
La supuesta deuda por narcotráfico y el suministro de explosivos
Uno de los episodios más relevantes descritos en el expediente se remonta a marzo de 2013, poco después de la muerte del entonces presidente venezolano Hugo Chávez. Según la Fiscalía, Maduro y Cilia Flores se habrían reunido con dirigentes de las FARC para discutir una deuda que el dirigente venezolano presuntamente mantenía con esa organización por actividades relacionadas con el narcotráfico.
La acusación sostiene que Maduro habría acordado entregar minas terrestres y explosivos como mecanismo para saldar, al menos parcialmente, esa obligación. El documento también señala que la supuesta venta de minas continuó hasta aproximadamente 2015 y que Maduro habría facilitado su fabricación en territorio venezolano.
Este señalamiento es relevante porque, de acuerdo con la tesis de los fiscales, la relación entre el poder político venezolano y las estructuras guerrilleras no se habría limitado al tránsito de drogas, sino que también habría incluido intercambios de armamento y otros recursos.
El ELN y las rutas de la cocaína
La acusación también menciona presuntas operaciones de narcotráfico que habrían involucrado a integrantes de las FARC y del ELN. Según el expediente citado por El Espectador, entre 2022 y 2024 se habrían trasladado cargamentos de cocaína hacia pistas controladas por el ELN en inmediaciones de la frontera colombo-venezolana.
Desde esos lugares, los cargamentos supuestamente eran transportados hacia Venezuela en aeronaves autorizadas por funcionarios militares o mediante vuelos clandestinos. La Fiscalía también sostiene que, en otros episodios, se habrían intercambiado armas por cargamentos de cocaína.
Otro de los señalamientos apunta a que funcionarios judiciales venezolanos habrían recibido instrucciones para desestimar procesos contra miembros de las FARC, incluidos expedientes por delitos relacionados con narcóticos.
Según los investigadores estadounidenses, esas actuaciones habrían permitido que integrantes de la organización operaran en Venezuela con menor interferencia de las autoridades.
Cilia Flores también aparece en los señalamientos
La nueva acusación amplía el alcance del proceso contra Cilia Flores, esposa de Maduro, al incluirla en los cargos relacionados con una presunta conspiración de narcoterrorismo. El expediente también le atribuye supuestas gestiones con integrantes del ELN en 2007, cuando habría ofrecido contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
De esta manera, la Fiscalía busca presentar el caso como una presunta estructura de cooperación que habría conectado a dirigentes venezolanos con redes de narcotráfico y organizaciones armadas colombianas.
Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York, donde enfrentan el proceso penal estadounidense. La nueva acusación incorpora, además, señalamientos de conspiración para cometer torturas contra opositores, militares y ciudadanos estadounidenses.
Los cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas pueden acarrear penas severas si se demuestra la responsabilidad penal de los acusados. No obstante, las afirmaciones sobre los supuestos acuerdos con las FARC y el ELN corresponden a la tesis de la Fiscalía estadounidense y deberán ser evaluadas judicialmente.
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