La reciente confiscaión del petrolero Skipper por fuerzas estadounidenses frente a las costas de Venezuela esta semana marca un punto de inflexión en la política de sanciones de Washington y presagia una potencial ola de intervenciones marítimas, con nuevas incautaciones.
Funcionarios estadounidenses han confirmado que la acción sobre el Skipper no será la última, y existen planes en marcha para “intervenir otras embarcaciones involucradas en la red de exportación petrolera venezolana,” según consignó The Economist y reportaron fuentes de la Casa Blanca.
La operación militar estadounidense culminó con la captura del buque, que estaba cargado con casi dos millones de barriles de crudo venezolano. La embarcación había zarpado el 4 de diciembre con su cargamento de petróleo pesado de Venezuela, con el puerto cubano de Matanzas como destino declarado. El valor del crudo incautado fue estimado por el presidente Donald Trump en alrededor de 80 millones de dólares.
La captura del Skipper se justifica, según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, porque el buque transportaba crudo sancionado de Venezuela e Irán eludiendo las restricciones. La embarcación representaba un engranaje central en la red de cooperación energética y financiera entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Cuba.
Documentos internos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la firma de análisis marítimo Kpler sugieren que el Skipper participaba en una modalidad de comercio utilizada para eludir el mercado internacional tradicional.
Cargamento hacia Cuba y Asia
Aunque una pequeña cantidad del crudo fue transferida a otro buque con destino a Cuba, la mayor parte del cargamento apuntó hacia Asia, en particular China. Esta práctica permite al régimen cubano obtener las divisas esenciales que necesita al revender el petróleo.
El Skipper, de 20 años de antigüedad, navegaba con un historial de prácticas engañosas. Datos de seguimiento de buques revelan que había falseado o encubierto su ubicación para ocultar sus actividades. Analistas indicaron que la nave había cargado previamente petróleo venezolano e iraní mientras falsificaba su posición a través de su sistema de seguimiento a bordo, en un proceso conocido como suplantación de identidad.
El Departamento del Tesoro ya había sancionado al buque en 2022 bajo el nombre de Adisa, acusándolo de formar parte de una “red internacional de contrabando de petróleo”.
La inminente amenaza de nuevas incautaciones se produce en medio de fuertes condenas por parte de los aliados. Autoridades del régimen cubano calificaron la reciente acción de “acto de piratería y terrorismo marítimo”, denunciando que la política de sanciones busca obstaculizar el intercambio de recursos energéticos con Venezuela.
Por su parte, Caracas declaró que la intervención sobre el Skipper representa otro caso de “piratería” y “secuestro” en aguas internacionales por parte de Washington.
Confrontación directa contra infraestructura
Con la confirmación de la Casa Blanca sobre los planes de intervenir otras embarcaciones que facilitan la exportación petrolera venezolana, se intensifica la presión marítima.
De esta manera, la estrategia de sanciones de EE. UU. se está moviendo de acciones puntuales a una confrontación directa contra la infraestructura de transporte del crudo, buscando desmantelar por completo la cadena logística utilizada para evadir las restricciones internacionales.
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