El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda puso en marcha una ambiciosa estrategia para redirigir el ahorro pensional hacia la economía local. A través de un nuevo borrador de decreto, el Gobierno propone modificar el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias, estableciendo un límite global para sus activos en el extranjero.
La iniciativa tiene como meta principal la repatriación de aproximadamente $125 billones de pesos en un lapso de cinco años. Según datos de la Superintendencia Financiera con corte a noviembre de 2025, los fondos administran actualmente $527,3 billones, de los cuales el 48,8% ($257,1 billones) se encuentra invertido en el exterior. El proyecto busca que este porcentaje se reduzca drásticamente para fortalecer la inversión doméstica.
El borrador de decreto, que estará abierto a comentarios hasta el 4 de febrero de 2026, persigue objetivos macroeconómicos y sectoriales específicos:
Financiamiento de sectores estratégicos: Se busca canalizar recursos hacia actividades con altos multiplicadores económicos, como la infraestructura y la construcción, que tienen un impacto positivo superior al promedio en el Producto Interno Bruto (PIB).
Incremento del ahorro nacional: El Gobierno señala que, para el tercer trimestre de 2025, el ahorro nacional representaba solo el 8% del PIB frente a una necesidad de inversión del 19,7%, lo que hace imperativo que el ahorro pensional se quede en el país para financiar estas necesidades de manera eficiente.
Profundización del mercado de capitales: La medida pretende ampliar el tamaño, la liquidez y la capacidad del mercado local para financiar proyectos de largo plazo, alineando el ahorro institucional con requerimientos estructurales de la economía colombiana.
Sostenibilidad y rentabilidad: El Ministerio asegura que la propuesta busca un modelo que combine seguridad y rentabilidad con responsabilidad social, protegiendo siempre los intereses de los afiliados.
Alcance y hoja de ruta de la implementación
El alcance de este decreto es integral y afectará la operación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de la siguiente manera: La norma establece que la suma de las inversiones en el exterior de los cuatro tipos de fondos (conservador, moderado, de mayor riesgo y especial de retiro programado) no podrá exceder el 30% del valor total de los recursos.
Para evitar desinversiones abruptas que afecten la rentabilidad, se ha diseñado un esquema de implementación progresiva: un límite del 35% al tercer año y el cumplimiento pleno del 30% al quinto año.
El Ministerio de Hacienda podrá promover la creación de un “banco de proyectos con enfoque productivo” para facilitar que las AFP identifiquen oportunidades de inversión nacional en activos admisibles.
Aunque se fijan nuevos límites, se aclara que no se eliminan la autonomía técnica ni el deber fiduciario de las AFP. Las administradoras deberán presentar planes de ajuste a la Superintendencia Financiera para garantizar que el proceso no comprometa la liquidez ni la seguridad del ahorro individual.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, ha defendido la medida como un “ajuste prudencial” necesario para financiar proyectos estratégicos de infraestructura que el país requiere para elevar su productividad y crecimiento potencial. Con esta regulación, el Gobierno espera que el ahorro pensional se convierta en el motor principal de la recuperación económica nacional en los próximos años.
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