La Universidad Autónoma del Caribe se encuentra en medio de una nueva tormenta jurídica tras el reciente fallo del Juez Segundo Penal Municipal con función de control de garantías, Néstor Segundo Primera Ramírez, quien ordenó el restablecimiento de los derechos de Silvia Gette Ponce como rectora en propiedad de la institución.
Ante esta decisión, la universidad emitió un comunicado oficial en el que manifiesta que, si bien respeta a la Rama Judicial, no comparte el fallo y lo controvertirá por las vías legales.
La institución argumenta que ejercerá los recursos correspondientes en una audiencia programada para el próximo lunes, trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Educación Nacional para proteger la estabilidad y la legalidad del servicio educativo.
Por su parte, Silvia Gette ofreció una rueda de prensa en la que expresó su firme intención de retomar el mando de la universidad, rechazando de tajo cualquier propuesta de convertirla en una institución pública.
“La universidad nació privada y debe seguir siendo privada”, afirmó la exdirectiva, quien hizo un llamado a la comunidad académica para recuperar el reconocimiento que la institución ostentaba años atrás.
De cumplimiento inmediato
Su equipo jurídico, liderado por la abogada Bianith Bohórquez, sostiene que la medida es de cumplimiento inmediato por tratarse de un restablecimiento de derechos, independientemente de las apelaciones que presente la universidad o el Ministerio.
Según la defensa, el proceso administrativo para su regreso efectivo debería concretarse en un plazo de entre tres y cuatro días. Además, alegaron que Gette ya ha cumplido con las condenas impuestas anteriormente, por lo que no se le puede limitar indefinidamente su derecho al trabajo.
El peso de las condenas por corrupción
La controversia se intensifica debido al historial judicial de Gette. Cabe recordar que en abril de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años de prisión por el delito de abuso de confianza calificado y agravado.
Este caso se centró en la gestión irregular de una cuenta de la universidad en un banco de Miami, de la cual Gette dispuso de recursos para fines personales, incumpliendo su obligación de destinarlos a los objetivos institucionales del ente educativo.
Previamente, en 2019, ya había enfrentado una condena de nueve años por realizar “autopréstamos” millonarios con fondos de la institución entre 2008 y 2012.
El complejo entorno judicial de la exrectora también incluye escándalos de soborno en actuación penal vinculados a su entonces abogado, Arcadio Martínez.
Mientras la defensa presiona por una transición rápida, la Universidad Autónoma del Caribe ha enfatizado que continúa funcionando con total normalidad académica, administrativa y financiera.
La institución basará su impugnación en cuestionamientos sobre las facultades del juez penal para tomar esta decisión, la vigencia del actual Estatuto General y la competencia del Consejo Superior en materia de dirección.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/justicia-ordena-regreso-de-silvia-gette-a-la-rectoria-de-la-universidad-autonoma-del-caribe/
Más historias
14 bandas criminales disparan la violencia en el Atlántico, según Mindefensa
El Bosque Urbano Miramar ya tiene su parque para el disfrute de la comunidad
Atlántico se mantiene en el top 3 nacional en ventas de vivienda nueva