En una decisión que ha generado un fuerte sismo institucional en el sector educativo, el Juez Segundo Penal Municipal con control de garantías, Néstor Segundo Primera Ramírez, ordenó el restablecimiento de los derechos de Silvia Gette Ponce como rectora en propiedad de la Universidad Autónoma del Caribe.
El fallo judicial, que se remonta a hechos ocurridos en 2013, concluye que el nombramiento de Ramsés Vargas Lamadrid como rector de la institución estuvo viciado por actuaciones contrarias a los estatutos, lo que le resta validez jurídica. Según el despacho del juez Primera, se detectaron inconsistencias en las actas de la sala general y del consejo directivo que configuraron un “medio fraudulento con capacidad de engaño” para facilitar la llegada de Vargas Lamadrid al cargo.
La decisión no solo ordena que se restablezca a Gette Ponce en su calidad de rectora titular —quien para la fecha de los hechos se encontraba bajo licencia—, sino que también exige el retorno de la estructura institucional vigente al 20 de mayo de 2013. Esto incluye la restitución de la sala general, el consejo directivo y los estatutos que regían a la universidad en ese momento.
El debate sobre la condena previa
Uno de los puntos más polémicos del fallo es la habilitación de Gette a pesar de su pasado judicial. Como se recuerda, en 2019 fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por el delito de abuso de confianza calificada y agravada, tras haber transferido un millón de dólares de los recursos de la universidad a una cuenta personal en Estados Unidos.
No obstante, el juez Primera argumentó que, una vez cumplida la pena y la inhabilidad impuesta, no se le puede seguir señalando ni limitar sus derechos. El togado destacó que en los estatutos de la Universidad Autónoma no figura una inhabilidad por sentencia condenatoria y que, de existir, colisionar con los principios constitucionales de resocialización.
Bajo esta premisa, el juzgado reconoce a Gette como víctima en este proceso de restablecimiento de derechos, al considerar que hubo maniobras de falsificación para desplazarla de su cargo durante su ausencia temporal.
Oposición del Ministerio de Educación
La decisión ha encontrado una resistencia inmediata. Representantes de la Universidad Autónoma y del Ministerio de Educación han interpuesto recursos de apelación. El Ministerio sostiene que, si existieron irregularidades y engaños en el nombramiento de Ramsés Vargas, la víctima real fue la entidad estatal encargada de la vigilancia educativa y no la exrectora.
Se espera que el próximo 13 de abril se presenten formalmente los argumentos para sustentar por qué la justicia no debería reconocer a Gette como víctima en este caso, lo que mantiene en suspenso el futuro inmediato de la dirección de la institución.
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