El plan que propone Fedesarrollo para corregir déficit fiscal, reactivar inversión y reducir pobreza

Fedesarrollo presentó una estrategia integral de política económica diseñada para abordar simultáneamente los tres desafíos más apremiantes que enfrenta Colombia: el deterioro de las finanzas públicas, la caída histórica de la inversión y los persistentes niveles de pobreza e informalidad.

El paquete de reformas, articulado en tres pilares fundamentales, busca recuperar la sostenibilidad fiscal sin sacrificar el crecimiento ni la inclusión social. De implementarse en conjunto, las medidas generarían un ajuste fiscal total de 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), elevarían la inversión del 16% al 23% del PIB, reducirían la pobreza monetaria en 2,6 puntos porcentuales y mejorarían sustancialmente la distribución del ingreso.

El análisis de Fedesarrollo subraya la urgencia de la situación económica. Entre 2020 y 2025, el déficit fiscal promedio ascendió a un crítico 6,4% del PIB, tres puntos porcentuales por encima del promedio observado entre 2000 y 2019. Como resultado, la deuda neta del Gobierno central alcanzó el 59,3% del PIB en 2024.

Simultáneamente, la tasa de inversión cayó al 16,1% del PIB en 2025, el nivel más bajo en dos décadas e inferior incluso al registrado durante la pandemia.

“El próximo gobierno recibirá una situación fiscal crítica, con un déficit estructural elevado, bajo nivel de inversión y grandes desafíos sociales. Esta propuesta demuestra que es posible corregir el rumbo fiscal sin frenar el crecimiento y, por el contrario, usándolo como principal motor para reducir la pobreza y la desigualdad”, señaló Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.

Los tres pilares de la estrategia

La propuesta de Fedesarrollo se articula en tres pilares esenciales:

1. Pilar Fiscal: Reencauzar las finanzas públicas

Este pilar, que busca generar un ajuste directo de 2,2% del PIB, combina una reforma tributaria con una estrategia de contención del gasto público. Se plantea una reforma que busca generar recursos cercanos a un punto del PIB.

Impuesto de Renta a Personas Naturales: Se propone reducir el umbral de declaración de 1.400 a 700 UVT anuales, lo que incorporaría 2,3 millones de nuevos declarantes. Se establecerían 11 tramos con tarifas marginales progresivas del 0% al 39%, generando un recaudo adicional estimado en 0,5% del PIB.

Impuesto de Renta a Empresas: Se busca reducir gradualmente la tarifa nominal del 35% y eliminar sobretasas sectoriales. Se introduciría un esquema de tarifas progresivas: 24% para pequeñas empresas, 28% para medianas y 33% para las más grandes. Aunque esta medida tiene un costo fiscal inicial de 0,7% del PIB, se espera que el efecto sobre la inversión y el crecimiento compense esta menor recaudación.

IVA: Se propone aumentar la tarifa reducida del 5% al 10% y limitar las exenciones a bienes esenciales (alimentos, medicinas, educación y salud). El recaudo adicional por IVA se estima en 0,9% del PIB. Además, el mecanismo de devolución sería sustituido por un sistema de no pago para los hogares de los dos primeros deciles.

Eliminación de Impuestos: Se eliminaría el impuesto al patrimonio.

Contención del Gasto (Apretarse el cinturón): Las principales medidas de ahorro incluyen la eliminación del subsidio al diésel y las exenciones a biocombustibles (0,5% del PIB); la mejora de la eficiencia del Sistema General de Participaciones (SGP) en salud y educación (0,3% del PIB); la focalización de subsidios de servicios públicos mediante el SISBÉN IV (0,2% del PIB); y la contención del crecimiento del gasto en personal (0,4% del PIB).

2. Pilar de Inversión: Recuperar el motor del crecimiento

El segundo pilar está enfocado en elevar la tasa de inversión hasta el 23% del PIB hacia 2031. Las medidas buscan reducir la incertidumbre de política económica, generando un dividendo fiscal indirecto de 0,6% del PIB. Además de la reducción de la tarifa efectiva corporativa, se propone retomar el cumplimiento de la regla fiscal y garantizar la estabilidad jurídica y contractual en proyectos de inversión. Esto se lograría particularmente a través de los mecanismos de vigencias futuras y las alianzas público-privadas (APP).

El plan incluye la implementación de una agenda sectorial en áreas como competencia, comercio internacional, infraestructura, capital humano, eficiencia del Estado y uso productivo de la tierra.

3. Pilar Social: Hacia una inclusión efectiva

A pesar de los avances, la propuesta destaca que más del 30% de las transferencias sociales benefician a hogares que no son pobres, lo que evidencia fallas de focalización.

En ese sentido, Fedesarrollo plantea unificar los programas sociales actuales en una única transferencia para menores de 65 años en pobreza extrema, con un monto de 1,5 líneas de pobreza anual por beneficiario. Esto, junto con la implementación del pilar solidario para personas en edad de pensión (quienes recibirían cerca de 240.000 pesos mensuales), permitiría ampliar la cobertura de 5,8 a 9 millones de personas con los mismos recursos.

Para combatir la informalidad, se propone reformar las contribuciones a salud de trabajadores independientes, estableciendo tarifas progresivas que iniciarían en 0% para quienes ganan menos de un salario mínimo. Adicionalmente, se crearía un seguro de desempleo acotado financiado con recursos de las cajas de compensación, y se eliminarían barreras para la formalización en el sector rural.

Impactos y proyecciones del plan integral

Según las estimaciones de Fedesarrollo, la aplicación conjunta de estas reformas generaría un crecimiento adicional de 1,1 puntos porcentuales.

En materia social, la política se traduciría en una disminución de la pobreza monetaria en 2,6 puntos porcentuales (1,4 millones de personas) y de la pobreza extrema en 2,9 puntos (1,5 millones de personas). El efecto redistributivo sería significativo: se proyecta que el decil más pobre aumentaría su ingreso en 24,2%, mientras que el coeficiente de Gini se reduciría en 2,1 puntos.

Los documentos técnicos que detallan la propuesta, incluyendo “Una estrategia de ajuste fiscal” y “Políticas para la inclusión social y productiva”, se encuentran disponibles para consulta pública.

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