En una sorprendente vuelta de tuerca que subraya la dificultad del Gobierno de Gustavo Petro para desmontar estructuras de contratación heredadas, el multimillonario contrato para el suministro y dispensación de medicamentos a la Policía Nacional ha sido adjudicado nuevamente a empresas vinculadas al grupo económico de la familia Char.
Este hecho se presenta como una paradoja, dado que el propio presidente ha insistido en la necesidad de desmantelar lo que él considera monopolios en la contratación estatal.
La revista Cambio precisó que el nuevo contrato, con un valor de 271.000 millones de pesos (cerca de 72 millones de dólares al cambio actual), es el más alto que ha firmado la Dirección de Sanidad de la Policía en los últimos siete años y quedó en manos de la unión temporal Polpharma.
Desde el inicio de su mandato, el Gobierno Petro ha enfocado sus esfuerzos en modificar, cancelar o suspender varios contratos de gran envergadura (desde los pasaportes hasta la nube pública) que, a su juicio, representan negocios con visos de monopolio.
Uno de estos objetivos ha sido el millonario acuerdo para proveer medicinas a entidades públicas como hospitales, el Ejército y la Policía, que había estado concentrado en empresas controladas por la familia Char desde el Gobierno de Iván Duque.
La instrucción del presidente fue explícita: estructurar un nuevo acuerdo marco para ampliar la lista de proveedores. Irónicamente, mientras este nuevo convenio se está construyendo —en medio de trabas jurídicas—, el negocio ha vuelto a concentrarse en el mismo grupo económico al que Petro busca desvincular.
El acuerdo marco en disputa
Históricamente, la dispensación de medicamentos para la Policía, cuyo subsistema de salud atiende a más de 527.992 usuarios y registró 6.289.448 atenciones en 2024, se contrata de manera centralizada con un único operador logístico desde 2005.
El anterior Acuerdo Marco de Precios, firmado por Colombia Compra Eficiente (CCE) en junio de 2022, había seleccionado a las empresas que tendrían la exclusividad para vender medicamentos a entidades públicas en 15 departamentos, incluyendo a la Policía y el Ejército, hasta finales de 2025. Entre los seleccionados se encontraba Éticos Serrano, una compañía farmacéutica controlada por la familia Char de Barranquilla.
Sin embargo y según Cambio, este acuerdo se vio envuelto en una serie de inconsistencias. En abril de 2024, CCE alertó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre posibles prácticas anticompetitivas a favor de Éticos Serrano.
CCE señaló que Audidrogas —otro proveedor seleccionado que presentaba precios más bajos— se negó a suministrar medicamentos a entidades como el Sena del Huila, argumentando no tener “capacidad instalada”. Esta situación obligaba a las entidades a declarar desierta la cotización o a comprarle directamente a la empresa de los Char, una práctica que CCE consideró contraria a la libre competencia.
La situación escaló cuando Audidrogas propuso una alianza con Éticos Serrano para atender la situación, implicando que la empresa barranquillera asumiera de facto todos los procesos de compra.
Crisis en la Policía y la urgencia manifiesta
El 27 de marzo de 2025, el Acuerdo Marco fue suspendido por CCE debido a la detección de inconsistencias en el catálogo de medicamentos y el simulador de precios. Pocos días después, CCE determinó que Audidrogas no había renovado su inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), inhabilitando a la unión temporal para contratar con el Estado y dejando a Éticos Serrano como el único proveedor autorizado. CCE terminó el acuerdo anticipadamente el 2 de mayo.
Cambio señaló que la cancelación generó una profunda incertidumbre en la Dirección de Sanidad de la Policía, que enfrentaba la urgencia de garantizar el acceso a medicinas para sus más de 600.000 afiliados.
Ante el caos burocrático y la apremiante necesidad, la Policía se vio forzada a declarar una urgencia manifiesta en abril de este año para adjudicar un nuevo contrato de manera directa. La institución intentó inicialmente contratar a Drogas La Rebaja (entidad bajo control del Ministerio de Salud, en línea con el objetivo de Petro de reemplazar a los privados). No obstante, la documentación técnica de la Policía concluyó que Drogas La Rebaja no contaba con la capacidad necesaria para asumir la tarea.
Consecuentemente, el contrato de urgencia, valorado en 217.000 millones de pesos, fue entregado a Éticos Serrano, ya que era el proveedor que venía prestando el servicio.
El contrato definitivo confirma el retorno
Después del viacrucis administrativo y legal, la Policía estructuró una nueva licitación que se adjudicó a principios de este mes. El ganador fue la unión temporal Polpharma.
La composición de Polpharma es crucial, pues está integrada por Éticos Serrano y la Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales. De acuerdo con lo publicado por Cambio, esta última entidad tiene como representante legal a José Manuel Carbonell, quien a su vez es el presidente del grupo Olímpica.
La experiencia y capacidad técnica de Éticos Serrano, acumulada en parte por su participación en el acuerdo que fue suspendido, le facilitó volver a tomar la operación logística de los medicamentos de la Policía.
Mientras tanto, Colombia Compra Eficiente continúa adelantando mesas de discusión con actores del sector para construir el nuevo acuerdo marco de medicamentos.
Cambio también recordó que la tutela interpuesta por Éticos Serrano contra CCE, en la que manifestaba profunda inconformidad con la cancelación del acuerdo, fue negada en primera y segunda instancia, y el expediente ha sido remitido a la Corte Constitucional.
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