En Colombia la transición energética se ha intentado acelerar, pero sin planeación

La política del Gobierno Nacional de descarbonizar la economía, avanzando hacia una transición energética justa que permita cumplir con el compromiso de reducción del 50% de las emisiones de CO2 al 2030, enfrenta desafíos por falta de planeación.

Así lo considera Astrid Martínez, investigadora Senior de Fedesarrollo, quien sostuvo que la señalada meta que inicialmente se había previsto que fuera del 20%, fue un anuncio sin planeación.

La ejecutiva precisó que esas planeaciones deben tener programas y planes de acciones muy concretos con inversiones bien establecidas. “No hemos encontrado eso en los documentos recientes, no hemos encontrado continuidad en la planeación”, afirmó, durante su participación en el foro ¿Cómo va la transición energética en Colombia?, organizado por la revista Cambio.

Aseguró que en Colombia ese paso de una matriz predominantemente de hidrocarburos a una predominantemente de energías renovables no convencionales se ha demorado porque el gobierno se demora en dar las señales que debe tener el sector privado para emprender esos proyectos y cumplir unas metas.

Además, señaló que “esa transición de hoy es peculiar, porque se ha propiciado y se ha intentado acelerar, debido a razones relacionadas con las preocupaciones climáticas, pero no surge de que los nuevos combustibles demuestren tener mejores funcionalidades y menores costos”.

Explicó que es algo distinto de las transiciones energéticas mundiales que hubo, de la madera al carbón entre el siglo 18 al 19; y del carbón al petróleo que llegó hasta 1960.

Indicó que a nivel mundial se ha hecho una aceleración de la transición energética en los últimos años en distintas versiones de las COP y empieza a aparecer mucha restricción con respecto del uso del carbón para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Eso se traduce en dificultades financieras para la ampliación de las centrales eléctricas a carbón, y algunos países como Colombia que tienen abundancia de ese energético, empiezan a acortar su crecimiento en el tiempo, a no contar más con ese recurso”, manifestó.

También llevó a darse un cierto sesgo en las acciones de política pública en contra del carbón, y en particular en lo que tiene que ver con las subastas de largo plazo.

De acuerdo con Martínez, en la práctica las medidas del gobierno no se han traducido en acciones concretas en contra del carbón, pero las limitaciones financieras han hecho su labor, y por eso no ha sido posible ese desarrollo, lo que a su juicio “expone todo el sistema energético a riesgos y costos más altos”.