El panorama del sector eléctrico en Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos, marcado por la insolvencia de la empresa Air-e y el efecto dominó que ya está ocasionando en el resto de la cadena.
Ante este escenario el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía debe retomar de manera inmediata la propuesta que planteó hace varios meses, de aplicar un cobro adicional de 8 pesos por kilovatio hora ($8/kWh) a los usuarios de todo el país.
Es evidente que la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Air-e, que ya suma más de un año y medio, no ha logrado sanear las finanzas de la compañía; por el contrario, la crisis se ha acentuado.
Actualmente, Air-e adeuda más de 2.5 billones de pesos al sistema, de los cuales $1.5 billones corresponden a las empresas generadoras térmicas.
Esta falta de pago está asfixiando el flujo de caja de los generadores, convirtiéndose en un “riesgo sistémico de un apagón financiero” y luego de un apagón físico. El incumplimiento de Air-e, aunque solo atiende al 12% de la demanda nacional, tiene el potencial de desestabilizar en un efecto dominó a todo el Sistema Energético Nacional.
La propuesta de los $8: una solución engavetada
La iniciativa de los 8 pesos por kilovatio ya había sido planteada por el Gobierno a través de un proyecto de resolución, buscando que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) recaude estos recursos para destinarlos al pago de las deudas de las empresas intervenidas, como es el caso de Air-e.
Aunque el ministro de Minas, Edwin Palma, ratificó en su momento que el cobro se aplicaría de forma gradual a los estratos 4, 5 y 6, así como a sectores industriales y comerciales, el trámite parece haberse estancado tras la etapa de comentarios.
Esta alternativa fue y es vista con buenos ojos por la mayoría de los agentes del mercado, pues permitiría a las térmicas recuperar liquidez para seguir proveyendo energía. Desafortunadamente el tiempo ha ido avanzando y el gobierno no la ha implementado.
Fallas en la intervención y el Fondo Empresarial
Un hecho que vale la pena enfatizar es que no se ha hecho la gestión suficiente para alimentar el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, cuya función es garantizar recursos a las empresas intervenidas para su operación.
Expertos coinciden en que la administración estatal ha sido deficiente, permitiendo que las deudas de Air-e aumenten exponencialmente durante el periodo de intervención.
El fantasma del apagón
Mientras el Gobierno intenta desestimar los rumores de un apagón físico, la realidad técnica muestra que entre 18 y 20 comercializadores enfrentarían afectaciones financieras significativas si no se soluciona el impago.
La implementación del esquema de los 8 pesos se presenta no solo como un salvavidas para Air-e, sino como una medida de seguridad nacional para garantizar la estabilidad energética de todo el país.
La pelota está ahora en el campo del Ministerio de Minas y Energía, que debe decidir si activa este mecanismo regulatorio urgente antes de que la cadena de pagos del Mercado de Energía Mayorista (MEM) colapse definitivamente.
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