El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre el retiro de visas y la imposición de restricciones migratorias a siete colombianos, entre quienes figuran Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol; Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo, y Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo, Sucre.
La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado estadounidense, en el marco de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump contra la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental. La medida también se extiende a familiares de las personas mencionadas, según la información divulgada por Caracol Radio.
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que estas restricciones están dirigidas contra ciudadanos extranjeros a quienes Washington vincula con actividades que socavan los gobiernos elegidos democráticamente, independientemente de su filiación política.
¿Quiénes son los siete colombianos afectados?
De acuerdo con el anuncio de las autoridades estadounidenses, los colombianos identificados son:
- Ricardo Roa Barragán: expresidente de Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
- Yahir Fernando Acuña Cardales: alcalde de Sincelejo.
- Wadith Alberto Manzur Imbett: senador electo y exrepresentante a la Cámara.
- Karen Astrith Manrique Olarte: representante electa a la Cámara.
- Julio Elías Chagüí Flórez: excongresista.
- Liliana Esther Bitar Castilla: excongresista.
- José Ignacio Mesa Betancur: excongresista y exalcalde de Envigado, Antioquia.
Aunque el Departamento de Estado identificó a siete personas, las informaciones conocidas señalan que la medida alcanza a un total de 21 ciudadanos, incluidos familiares de los mencionados.
Las investigaciones que rodean a algunos de los señalados
El anuncio se conoce en momentos en que varios de los colombianos incluidos en la lista enfrentan investigaciones judiciales en el país.
Ricardo Roa, quien se apartó de la presidencia de Ecopetrol en abril de 2026 mediante una licencia no remunerada, fue imputado por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias, en una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y posibles vínculos con contratos de la petrolera.
Asimismo, el ente acusador le imputó otro cargo por presuntas irregularidades en los límites de gastos de la campaña presidencial de 2022, de la cual fue gerente.
Por su parte, Wadith Manzur y Karen Manrique figuran entre los dirigentes políticos investigados por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), relacionado con presuntos ofrecimientos de contratos y proyectos regionales a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno nacional. Liliana Bitar también ha sido vinculada a este caso.
En cuanto al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, su nombre ha aparecido en investigaciones y señalamientos relacionados con presuntos vínculos con estructuras ilegales. Sin embargo, el comunicado estadounidense no detalla las conductas específicas que atribuye individualmente a cada uno de los siete colombianos.
¿Por qué Estados Unidos tomó la decisión?
El Departamento de Estado enmarcó las restricciones en su política para combatir la corrupción y el narcotráfico en la región, con el argumento de que estas actividades pueden debilitar las instituciones democráticas.
Rubio afirmó que la administración Trump respalda al Gobierno colombiano en sus esfuerzos por combatir la influencia criminal en instituciones como los tribunales, la Policía y el Congreso.
La medida se inscribe, además, en la estrategia regional denominada Escudo de las Américas, promovida por Washington para fortalecer la cooperación hemisférica en materia de seguridad.
El anuncio se produce semanas después de otras restricciones migratorias adoptadas por Estados Unidos contra ciudadanos colombianos, entre ellos el empresario Euclides Torres y la excongresista Martha Peralta.
La decisión constituye una medida migratoria y no equivale, por sí misma, a una condena penal. Hasta el momento, la información divulgada no precisa los fundamentos particulares de cada caso ni detalla las pruebas consideradas por las autoridades estadounidenses para imponer las restricciones.
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