En el marco de la Audiencia Pública de la Comisión V del Senado de la República, la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe presentó un paquete de medidas urgentes e integrales para encarar la profunda coyuntura energética que atraviesa el norte del país.
Su coordinador regional, Norman Alarcón Rodas, sostuvo que la crisis actual es de carácter estructural y responde a un deterioro que suma ya tres décadas.
Frente a la situación operativa de las distribuidoras, la organización de usuarios enfatizó que la prioridad de la política pública debe ser el restablecimiento de la viabilidad operativa y financiera del sistema. De acuerdo con Alarcón, “lo más urgente es estabilizar a las empresas Air-e y Afinia”.
Respecto al estado crítico de la primera, la Liga advirtió que la compañía padece un severo déficit de liquidez que requiere la acción decidida del Estado. En palabras del coordinador regional, “Air-e Intervenida está en situación de insolvencia económica, tiene patrimonio negativo y deudas billonarias con generadores y transmisores que deberían ser cubiertas con recursos públicos a través del Fondo Empresarial de la Superservicios».
Aunque el proceso sobre la compañía apunta formalmente a su liquidación, la Liga insiste en que el gobierno debe garantizar su funcionamiento continuo antes de tomar decisiones definitivas.
“Primero hay que apuntalarla durante un tiempo, para luego, en el mediano plazo, encontrar una solución que podría ser la creación de una empresa eléctrica regional de carácter mixta”, articulada con las empresas existentes en la zona y abarcando la totalidad de la cadena del servicio eléctrico.
Modernización de redes financiada con regalías mineras
Un pilar central del diagnóstico presentado es el agudo rezago en la infraestructura de distribución, factor directo de las elevadas pérdidas de energía y de la baja calidad del suministro en la Costa.
Para superar esta deficiencia, la Liga calcula que se requiere una inversión aproximada de cinco billones de pesos en un horizonte de cinco años.
Para financiar esta reconversión técnica, Alarcón propuso aprovechar la coyuntura legislativa y apalancar los trabajos mediante recursos oficiales y del sistema general de regalías. “Es urgente impulsar la modernización de la infraestructura eléctrica de la región Caribe”, señaló el dirigente.
Recordó que el propio ministro de Hacienda, Miguel Gómez, manifestó recientemente en el Congreso que “estaba obsesionado con la idea de utilizar recursos de las regalías mineras exclusivamente para modernizar la infraestructura eléctrica de la región Caribe”. En ese sentido, la Liga instó a incorporar las partidas correspondientes dentro del proyecto de ley del presupuesto bianual de regalías.
Protección socioeconómica y rechazo a alzas tarifarias
La postura de los usuarios también destaca la imperiosa necesidad de aliviar la carga económica sobre la población caribeña, golpeada por altos niveles de pobreza monetaria y energética.
Con el 92 % de la subnormalidad eléctrica del país concentrada en la Costa, Alarcón calificó la situación como una “deuda histórica del Estado con el Caribe colombiano, que debe ser subsanada, cuanto antes”.
Como medida inmediata de alivio para los hogares golpeados por los altos costos de vida, la organización de usuarios exigió frenar los incrementos tarifarios vinculados al nivel de consumo. Al respecto, la Liga demandó categóricamente “al gobierno a no aplicar en la Costa el castigo con mayores tarifas por mayores consumos de energía”.

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