Excongresista Jattin aceptó vínculos con paramilitares y salpicó a Álvaro Uribe

Una de las acérrimas defensoras del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su programa bandera de la ‘seguridad democrática’, la excongresista Zulema Jattin Corrales, admitió ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que hizo alianzas con paramilitares en el departamento de Córdoba para afianzarse políticamente.

En primera instancia hizo referencia al denominado ‘Pacto de Sindicato’ en el año 2003, y como detalle revelador dejó claro que de ello tenía conocimiento Uribe Vélez desde 2002 cuando tuvo con él un encuentro durante una correría política, y le comentó que los ‘paras’ estaban arreciando sus acciones incluyendo el señalamiento de quienes podrían ser candidatos y quienes no, y que estaba dispuesta denunciar públicamente.

No obstante, según Jattin, el entonces candidato le dijo que si no tenían pruebas que era mejor que se abstuviera. “Simplemente orientó la conversación a que si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg (colaborador de los “paras”), que no iba a corroborar nada lo que yo dijese en ese momento, pues era preferible que no pusiera la denuncia y eso era más que una advertencia digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento iba a hacer total el caso”, cuenta la exparlamentario en su declaración cuyos apartes publica la W Radio.

Zulema Jattin le dijo a la JEP que ”el exjefe de Estado no habría visto convenientes las denuncias para no generar “ruido”, ya que tenía serias posibilidades de ganar y era apoyado por el establecimiento en Córdoba y candidatos como Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella, quienes fueron condenados más adelante por sus vínculos con el paramilitarismo.

“Yo le hablé a él específicamente de la doctora Eleonora Pineda y del doctor Miguel de la Espriella, porque Salvatore Mancuso me había dicho que ellos eran sus candidatos (…) creo que a él le interesaba que ellos lo acompañaran, le interesaba que todo ese andamiaje político, ya que lo estaba acompañando en Córdoba, se mantuviera y si yo me ponía a hacer ruido o a denunciarlo o a hacer público (…) pues ese ruido iba a afectar la campaña presidencial”, manifestó la excongresista.

Otro detalle revelador ocurrió en el 2004, en una finca del hacendado Alfredo Corena, “con presencia del presidente Uribe, donde los dos bandos políticos se acusaron mutuamente de tener vínculos con paramilitares y el exmandatario guardó silencio”. Los dos bandos a los que hace referencia eran liderados por Miguel de la Espriella y Juan Manuel López Cabrales, presente en la reunión.

La W informó que “incluso, la exsenadora sentenció que, ante la grave situación de cooptación paramilitar en el Departamento, buscó denunciar los hechos ante el gobierno Uribe, pero no le hicieron caso y desatendieron sus reclamos, mencionando a exministros como Sabas Pretelt (señalado por Mancuso de presuntos nexos con las AUC) y al excomisionado Luis Carlos Restrepo”.

Las identidades de otras personas

También contó Jattin que luego de tratar el proceso de desmovilización con el comisionado recibió una llamada, “con un mensaje de Mancuso, donde le recriminaban por hacer denuncias que afectaran a las AUC”. “…me hacía llamar a mí a través de Pedro Ghisays para molestarse, porque yo hacía ese tipo de comentarios en el Gobierno Nacional. Entonces, claro, era peligroso porque en cualquier momento un comentario al comisionado que no fuese bien recibido allá, podía poner en peligro mi vida”, afirmó.

Por otra parte, la excongresista reveló las identidades de otras personas que tenían contacto directo con Mancuso, uno de los líderes de las autodefensas, como el entonces congresista Julio Manzur; al contratista del Estado y candidato a la Gobernación de Córdoba, Juan Carlos Aldana; al también candidato Libardo López Cabrales, ganador de las elecciones y en contraprestación al respaldo tuvo que entregar el manejo de las Secretarías de Salud y Hacienda a los ‘paras’.

A propósito de la Secretaria de Hacienda, Zulema Jattin señaló que estaba bajo el mano de William Saleme Martínez, y le extraña que “nunca haya sido investigado y condenado hasta la fecha. En cambio, durante los últimos años ha sido incluso juez de la República y funcionario de la Defensoría del Pueblo hasta hace unos meses”. Hoy es congresista.

“Es uno de los nombres que yo quiero presentarle como aporte a la jurisdicción, porque es increíble que no solo haya sido procesado por su vínculo directo, reconocido por todos los autores en ese momento, sino que también ocupe cargos en la jurisdicción ordinaria”, sostuvo.

Otros casos de apoyos de los paramilitares, mencionados por la excongresista, se relacionan a Mario Prada Cobos, tres veces alcalde de Tierralta; Alejandro Cheig, de Planeta Rica; y Julio Sánchez, de Puerto Libertador, pero que le sorprende que no esté investigados. De igual manera contó asuntos relacionados con ‘Pacto de Marizco’, del que hicieron parte el exalcalde de Moñitos, José Hernández, así como el exalcalde Efrén Pérez, pero que tampoco han sido investigados.

Incidencia en la Universidad de Córdoba

Jattin se refirió además de la incidencia de las Auc en la Universidad de Córdoba, a través del congresista Julio Manzur y del entonces rector Victor Hugo Hernández. “Víctor Hugo Hernández fue elegido rector de la Universidad de Córdoba y nombró en prácticamente todos los cargos de mando y de manejo de la universidad a personas que indicaba Salvatore Mancuso y ahí empezó un poder casi absoluto de ellos en la universidad, también digamos lo que ellos argumentaban en privado y en público”.

De los nombramientos en la Unicórdoba, la exparlamentaria, subrayó el de “Leonor Teresa Martínez, quien fungió como secretaria general de la universidad y fue designada para mantener comunicación con Jattin y darle participación a su grupo político en la sede de Lorica…designó como coordinadores de la sede de Lorica de la Universidad de Córdoba a los señores Luis García Cornejo, que no menciono en el documento, y al señor Alexis Jattin Torralvo, mientras la Universidad estaba en manos de los paramilitares en el departamento de Córdoba”.

También se refirió al saqueo de recursos estatales destinados para la salud, pero desviados para fines de las autodefensas, a través de la EPS Manexca, gerenciada por Petro Pestana, “quien murió sin nunca pagar cárcel por paramilitarismo”; al nombramiento de los directores de los Centros de Atención Médica de Urgencias (CAMU), por orden Mancuso, a través de Jairo Andrés Angarita, ‘Comandante Andrés’ y el cual fue asesinado en el 2004 por los “paras”.

Trámite de la Ley de Justicia y Paz

Jattin indicó que en Lorica fue impuesto por los paramilitares como gerente del CAMU a Fabio Buvoli Arteaga, “quien permanece impune y ocupando cargos”. “El caso de Buvoli fue especial porque fue nombrado directamente por el alcalde Montes, pero en los otros municipios donde eran a través del proceso de elección con universidades que hacían los concursos de mérito, pues posterior a los nombramientos, lo que me contaba Angarita es que ellos buscaban a los gerentes y les pedía también su colaboración en este tema, ya fuese a través directamente de medicamentos o a través de dinero en efectivo”.

Por último, reconoció “haber favorecido a los paramilitares en el trámite de la ley de Justicia y Paz en los artículos 61 (rebaja de penas) y 64 (sedición), aunque luego fueron tumbados por la Corte Constitucional para, de acuerdo con ella, darles un estatus político al sentir afinidad por ese grupo armado ilegal”.

Y admitió haber sido omisiva y no denunciar las barbaridades de los paramilitares, así como a sus financiadores. “Reconozco mi papel debido a la omisión de denuncia y al contacto y el mantenimiento de relaciones con miembros de las AUC, del empresariado y de la política que apoyaban al paramilitarismo de la manera en que ha sido descrito y esclarecido por mí en las audiencias”.

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