“Yo di la orden de entrar a la comuna 13, de sacar a la guerrilla y a los paramilitares. Yo di la orden de desmontar a los paramilitares, me tocó dar la orden de sacar a 28 integrantes de las fuerzas armadas”. Esa es la frase que tiene al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en el epicentro de una polémica porque revive los efectos de la denominada ‘Operación Orión’, cumplida en el 2002 en la Comuna 13 zona urbana del occidente de Medellín y por la cual fue condenado el Estado colombiano.
Uribe respondió así a un grupo de persona que lo increparon por los ‘falsos positivos’, a través de una pancarta en la que le preguntaban; ¿Quién dio la orden?”, aprovechando su visita, el domingo 10 de septiembre, al corregimiento de San Antonio de Prado, sur de la Capital de Antioquia, cuando acompañaba a un candidato del Centro Democrático al Concejo.
Sin embargo, el expresidente manifestó que él no fue responsable de los desmanes en la “Operación Orión”, que sí reconocieron exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
En los testimonios que se han conocido sobre ‘Orión’ se destaca el del general, Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, el encargado de llevarla a cabo junto con el también general, Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín.
Los registros históricos de la mencionada operación señalan que ocurrió entre el 16 y 27 de octubre del 2002, bajo la declaratoria de ‘Estado de Excepción’, e hizo parte de 17 acciones militares en la región. El objetivo era neutralizar milicias urbanas de las guerrillas de las Farc-EP, del ELN, y los Comandos Armados del Pueblo.
Hizo parte de 17 acciones militares
“Hubo 80 civiles heridos, 17 bajas cometidas por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, AUC, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias, según la Corporación Jurídica Libertad”, se lee en el balance.
Igualmente, se señala que “también murió en combate el teniente de la Armada Mario Villegas. Esta operación ha sido cuestionada por las víctimas civiles que dejó un gran número de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales, muchas de ellas arrojadas al sitio de La Escombrera, ya comprobado que la Escombrera es la mayor fosa común de Antioquia”.
El caso fue elevado por familiares de víctimas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organismo que condenó al Estado Colombiano, a partir del crimen de la lideresa de la Comuna 13, Ana Teresa Yarce y cuatro personas más, el 22 de noviembre del 2016.
“Esta decisión es la primera en que la Corte Interamericana condena a Colombia por violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres lideresas comunitarias y defensoras de derechos humanos, y la primera condena internacional por los hechos ocurridos en la comuna 13 de Medellín durante las operaciones y bajo el estado de conmoción interior en el año 2002”, publicó, en su momento, la organización Earthrights International.
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