La Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación exige que las preguntas que se formulen en una consulta popular sean claras y que no correspondan a proyectos de articulado como pretende hacerse con la iniciativa presentada por el gobierno Petro.
Así lo asegura el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien precisó que “las 12 preguntas formuladas pretenden revivir el articulado del proyecto de Reforma Laboral que fue hundido en la Comisión Séptima del Congreso y ninguna de ellas apunta a solucionar el grave problema de desempleo en el país, que hoy tiene a casi 3 millones de personas desocupadas”.
Así mismo, el dirigente gremial señaló que los mecanismos de participación ciudadana no pueden usarse para sustituir las decisiones del
Congreso, cuyos integrantes, valga la aclaración, fueron elegidos también por voto popular. “Si cada vez que no le aprueban una iniciativa, el Gobierno se sometiera a consulta popular, el Congreso perdería su razón de ser y la separación de poderes dejaría de existir”, expresó.
La iniciativa debe estar acorde con el marco fiscal de mediano plazo, de acuerdo con el vocero de los Comerciantes, y al igual que en el caso de los dos proyectos de reforma laboral archivados, “el Gobierno no ha presentado estudio alguno que demuestre el cumplimiento de este requisito que cobra especial importancia en momentos en los que el déficit fiscal se encuentra desbordado y cuestionado el cumplimiento de la regla fiscal“.
También señaló que a estas alturas, no se ha desvirtuado el efecto en el aumento de costos que afectaría con más fuerza a las micro pequeñas y medianas, empresas y emprendimientos, que puede alcanzar hasta el 30% de sobrecostos, según el tamaño de la empresa; ni la pérdida de 450,000 empleos en promedio, según el concepto técnico del Banco de la República.
Por último, el gremio llamó la atención sobre lo que considera una contradicción del Gobierno: “mientras se acude a la figura de la conmoción interior para imponer nuevos impuestos, como el timbre y el tributo a juegos en plataformas digitales, por otro lado se impulsa una consulta
popular con fondos públicos sobre temas que ya fueron negados en dos ocasiones por el Congreso y que puede llegar a costar 700 mil millones de
pesos”.
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