La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, Juliana Andrea Guerrero, y su hermana Verónica Guerrero, para establecer si incurrieron en presuntos delitos contra la administración pública en medio de un supuesto entramado de contratación irregular que habría operado mediante tráfico de influencias y direccionamiento de contratos estatales.
El caso quedó en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que ordenó el inicio de labores de policía judicial para recaudar pruebas, verificar los hechos denunciados e identificar a los posibles responsables.
La decisión se produjo luego de las revelaciones periodísticas que dieron cuenta de chats, audios y otros elementos que, según las denuncias, evidenciarían una presunta intermediación ilegal para obtener contratos con diferentes entidades del Estado.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los investigadores buscan establecer si las hermanas Guerrero utilizaron presuntas influencias dentro del Gobierno para ofrecer a empresarios acceso privilegiado a procesos contractuales a cambio de pagos y comisiones.
Entre las hipótesis que analiza la Fiscalía figuran posibles conductas relacionadas con delitos contra la administración pública, aunque por ahora no se han formulado imputaciones ni existe una decisión de fondo sobre su responsabilidad penal.
Anticipos económicos de contratistas
Las revelaciones que originaron la investigación señalan que el supuesto esquema contemplaba el cobro de dinero por reuniones con empresarios, anticipos económicos y un porcentaje del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.
Según Semana, Juliana Guerrero habría sido la encargada de realizar las gestiones ante funcionarios del Gobierno, mientras que su hermana Verónica mantenía el contacto con los interesados y coordinaba aspectos logísticos de las negociaciones.
La apertura de la investigación representa apenas el inicio del proceso penal. En esta etapa, la Fiscalía recopilará testimonios, documentos, registros de comunicaciones y demás elementos probatorios para determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia una eventual judicialización de las personas involucradas.
El nuevo proceso se suma a la controversia que rodea a Juliana Guerrero en las últimas semanas, luego de que salieran a la luz denuncias sobre su actuación durante el Gobierno anterior.
La exfuncionaria ha rechazado públicamente los señalamientos y ha sostenido que no ha participado en actos de corrupción ni ha recibido dinero por la gestión de contratos, afirmando que las acusaciones carecen de sustento.
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