La Fiscalía General de la Nación citó por tercera vez a Eva Ferrer, exconsejera presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro, para que rinda declaración dentro de la indagación relacionada con unos audios que involucran a Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, en presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencias.
Según la información conocida este martes 13 de octubre, la diligencia fue programada para el miércoles 14 de octubre a las 9:30 de la mañana, de manera presencial, en las instalaciones del búnker de la Fiscalía, en Bogotá.
La nueva citación se produce luego de que Ferrer no compareciera a los dos llamados anteriores del organismo investigador, por lo que la diligencia tuvo que ser reprogramada en ambas oportunidades. Así lo informaron Blu Radio y Caracol Radio.
La primera declaración estaba prevista inicialmente para el 19 de agosto, pero fue aplazada para el 27 de ese mes. Sin embargo, la exfuncionaria tampoco asistió a esa fecha. Posteriormente, la Fiscalía fijó una nueva diligencia para el 29 de septiembre, a la que tampoco compareció.
Hasta el momento, la información divulgada públicamente no precisa las razones de sus inasistencias.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso de Verónica Alcocer?
La indagación se originó tras la publicación, el primero de agosto de 2026, de una serie de audios revelados por la revista Semana, en los que Ferrer se refería a supuestas irregularidades relacionadas con personas cercanas a Alcocer y con el funcionamiento de distintas entidades públicas.
En las grabaciones se mencionaban posibles anomalías en la contratación estatal, presunto tráfico de influencias y la supuesta ubicación de personas cercanas a la entonces primera dama en instituciones del Estado.
Entre las entidades que aparecen mencionadas en los audios estarían ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Icetex.
La Fiscalía abrió la indagación para establecer si los señalamientos contenidos en las grabaciones corresponden a hechos que puedan tener relevancia penal. La existencia de los audios y las afirmaciones que contienen no constituyen, por sí solas, prueba de que se hayan cometido delitos.
Nuevas denuncias aumentan la presión sobre el caso
El expediente adquirió mayor relevancia después de que Ferrer hiciera nuevas declaraciones públicas en las que lanzó graves acusaciones contra Alcocer, relacionadas con presuntos actos de corrupción y el supuesto traslado ilegal de dinero, armas y estupefacientes entre Colombia y Venezuela.
La exconsejera también habría afirmado que existen fotografías que, según su versión, mostrarían a Alcocer descendiendo de una aeronave con equipaje que contendría sustancias ilícitas. Estas afirmaciones deben ser verificadas por las autoridades y no pueden darse por probadas mientras no exista evidencia que las respalde.
La nueva comparecencia ante la Fiscalía podría permitir que los investigadores conozcan directamente la versión de Ferrer sobre los audios, las personas mencionadas y los hechos que ha denunciado públicamente.
De manera paralela, la Procuraduría General de la Nación citó a Ferrer y a otras cinco personas para que rindan declaración bajo juramento sobre las denuncias divulgadas recientemente. Entre los llamados figuran Carmen Caballero, expresidenta de ProColombia; Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Concepción Baracaldo, exdirectora del ICBF; Guillermo Reyes, exministro de Transporte, e Ingrid Carolina Plata, contratista del Gobierno.
Por su parte, el abogado Alejandro Carranza, representante de la defensa del expresidente Gustavo Petro, anunció acciones legales por presuntos delitos de injuria indirecta, injuria agravada y calumnia, a raíz de las declaraciones de Ferrer y del respaldo que habría expresado Angie Rodríguez.
La atención está puesta ahora en la tercera citación de la Fiscalía, con la que se busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar si los señalamientos conocidos públicamente tienen sustento probatorio y posibles consecuencias judiciales.
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