La crisis institucional en la empresa Air-e suma un nuevo y grave capítulo judicial. La Fiscalía General de la Nación tiene programada para este 19 de marzo la audiencia de imputación de cargos contra Diana María Bustamante y Nelson Javier Vásquez, dos de los cinco interventores que han pasado por la compañía desde que el Gobierno nacional asumió su control.
Ambos exfuncionarios enfrentarán cargos por el delito de fraude a resolución judicial, tipificado en el artículo 454 del Código Penal colombiano.
Según las investigaciones, esta conducta se originó en la reiterada negativa de los interventores a entregar información detallada sobre la administración de la empresa durante el periodo de intervención, desatendiendo incluso un fallo del Consejo de Estado que les ordenaba suministrar dichos datos a los accionistas de Air-e.
De ser hallados culpables, los implicados podrían enfrentar penas de hasta 48 meses de prisión.
Opacidad y advertencias de los entes de control
Semana informó que la falta de transparencia en la gestión de la intervención no solo ha sido denunciada por los accionistas. Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General de la República han manifestado su preocupación por las dificultades para acceder a información crítica.
Esta opacidad llegó a tal punto que la firma de auditoría Ernst & Young emitió una abstención de opinión sobre los estados financieros de la empresa, argumentando que no recibió la documentación necesaria para realizar una evaluación profesional.
Uno de los puntos centrales que ha despertado las alarmas de las autoridades es un acuerdo de pago por cerca de 200.000 millones de pesos presuntamente pactado con una empresa vinculada al fallecido empresario William Vélez.
Este pago ha generado serios interrogantes por tres razones principales:
1. Se habría realizado en contravía de las directrices de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), que prohibió efectuar pagos de obligaciones previas a la intervención.
2. El monto del acuerdo parece ser superior a los valores registrados en la contabilidad oficial de Air-e antes de la toma de posesión estatal.
3. Los documentos que sustentan este millonario compromiso con la firma Interaseo nunca fueron entregados a la revisoría fiscal, pese a múltiples solicitudes.
Otros focos de investigación
El proceso judicial contra Bustamante y Vásquez se da en un contexto de escrutinio mayor sobre la gestión pública de la energía en la región Caribe.
La Fiscalía también ha compulsado copias contra el exinterventor y actual funcionario, Edwin Palma, por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato que permitió el giro de 14.000 millones de pesos antes de ser suspendido por dudas sobre su conveniencia y legalidad.
Con la audiencia del próximo 19 de marzo, el sector energético espera claridad sobre una gestión que, lejos de sanear las finanzas de la distribuidora, parece haberse enredado en un laberinto de desacatos judiciales y movimientos financieros cuestionables.
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