La Fiscalía General de la Nación confirmó en audiencia preliminar que el atentado perpetrado el pasado 7 de junio contra el senador Miguel Uribe Turbay tuvo un móvil político y fue ejecutado por sicarios contratados.
Durante la imputación de cargos contra Catherine Martínez, alias Gabriela, el ente acusador aseguró que la tentativa de homicidio respondió directamente a su condición de senador en ejercicio y precandidato presidencial, así como a sus posturas críticas frente al Gobierno nacional.
“La víctima, Miguel Uribe Turbay, es senador en ejercicio, precandidato presidencial y la tentativa de homicidio se produce por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia”, declaró la fiscal del caso, al tiempo que subrayó la exposición pública y la reiterada solicitud de protección que el político había presentado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin recibir respuesta efectiva.
La Fiscalía dejó claro que no existen motivos personales, económicos o familiares que expliquen el atentado, fortaleciendo la hipótesis de que se trató de un ataque con un móvil político. “Había informado a la UNP en varias ocasiones la situación de riesgo en la que se encontraba por sus posturas contrarias a las políticas del Gobierno nacional y pertenecer a un partido que se declaró en oposición”, añadió la funcionaria judicial.
El rol de los implicados
Durante la audiencia, se reveló la participación de varias personas en la planificación y ejecución del atentado. Según la investigación, Elder José Arteaga Hernández, alias El costeño, fue quien diseñó el plan criminal. Él contactó al menor de edad que disparó contra Uribe; a Catherine Martínez —quien le entregó el arma—, y a Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo usado en el operativo.
“Arteaga Hernández ejecutó un plan criminal para lograr el asesinato de Miguel Uribe Turbay utilizando un arma de fuego marca Glock y medios motorizados tipo automóvil y motocicleta”, explicó la fiscal. A Catherine Martínez se le imputaron cargos por tentativa de homicidio en calidad de coautora y porte ilegal de armas.
Según la reconstrucción de los hechos, el 6 de junio se coordinó la movilización del menor en motocicleta hasta las inmediaciones del Parque El Golfito, lugar del atentado. Catherine le entregó el arma a Arteaga, quien a su vez se la dio al menor. Instantes después, el joven se dirigió al lugar y disparó contra el senador durante un acto político.
A cambio, el menor habría recibido una promesa de pago de 20 millones de pesos, según la Fiscalía.
Colaboración con la justicia
Aunque alias Gabriela no aceptó cargos, su defensa anunció que está colaborando con la justicia. “Mi defendida se encuentra realizando una colaboración con la justicia y en este momento nos encontramos en diligencia de interrogatorio suspendida”, dijo su abogada, al solicitar la interrupción temporal de la audiencia.
Martínez fue capturada en Florencia, Caquetá, cuando intentaba esconderse con ayuda de alias Bayron, también conocido como El costeño, quien tendría nexos con otros implicados, incluido el conductor del vehículo utilizado en el atentado.
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