La Corte Constitucional decidió abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por las investigaciones que se adelantan contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares.
Con esta determinación, el expediente continuará, por ahora, en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que venía adelantando las investigaciones relacionadas con la presunta responsabilidad del exmandatario en las masacres de La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia, y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional este lunes 9 de noviembre, luego de estudiar la controversia jurídica que surgió entre el organismo investigador y la célula legislativa encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado, particularmente a los presidentes de la República por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con la información conocida, la Corte se declaró inhibida al considerar que no estaban acreditados los presupuestos normativos y objetivos necesarios para resolver de fondo el conflicto de jurisdicciones. Por lo tanto, no asignó formalmente la competencia a ninguna de las dos instituciones.
La determinación quedó consignada en el Auto 1539 de 2026, cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. La decisión fue aprobada por siete votos contra dos. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González presentó una aclaración.
¿Por qué existe el conflicto de competencias?
La controversia comenzó el pasado 19 de agosto, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclamó formalmente el expediente contra Uribe, argumentando que parte de las conductas investigadas se habrían extendido hasta 2003, cuando el exmandatario ya ejercía la Presidencia de la República y, por tanto, estaba cobijado por el fuero presidencial.
Desde esa perspectiva, la Comisión consideró que debía asumir el conocimiento de las actuaciones, teniendo en cuenta las competencias constitucionales que tiene el Congreso para investigar a los jefes de Estado.
Sin embargo, la Fiscalía defendió su competencia al señalar que los hechos centrales de las investigaciones se remontan a 1995 y 1997, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Por esa razón, sostuvo que el expediente debía permanecer en la justicia ordinaria.
El caso está relacionado con los hechos violentos ocurridos en Ituango, donde fueron asesinadas cuatro personas en la masacre de La Granja y otras 15 en la masacre de El Aro. También comprende el homicidio de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos asesinado en 1998, quien había denunciado los vínculos entre integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares en Antioquia.
La investigación continuará
Con la decisión de la Corte Constitucional, la Fiscalía podrá continuar con las actuaciones judiciales que venía desarrollando dentro del expediente, mientras no exista una nueva determinación que modifique el escenario de competencia.
El expresidente Álvaro Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía el pasado 4 de septiembre, diligencia en la que rechazó los señalamientos en su contra y negó cualquier vínculo con organizaciones paramilitares.
Es importante precisar que la decisión de la Corte Constitucional no representa un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del exmandatario ni constituye una decisión sobre su culpabilidad o inocencia. El alto tribunal se limitó a abstenerse de resolver el conflicto institucional planteado.
De esta manera, la discusión sobre qué autoridad debe asumir definitivamente la investigación permanece abierta, mientras el expediente continúa en manos de la Fiscalía General de la Nación.
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