El Gobierno Nacional ha reconocido la existencia de un riesgo sistémico extraordinario en el sector eléctrico colombiano, derivado de una crisis de liquidez que afecta a comercializadoras que representan entre el 39% y el 40% de la demanda nacional.
Esta situación, calificada como una perturbación grave del orden económico y social, llevó a la expedición del Decreto Legislativo 0044 de 2026 para evitar un colapso en la prestación del servicio, medida que quedó en duda por la decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica. En ese decreto el Ejecutivo admitió los números críticos de la compañía a cargo del servicio eléctrico en gran parte de la región Caribe.
La crisis tiene su epicentro en la región Caribe, específicamente en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, donde opera Air-e. Esta compañía enfrenta un panorama financiero devastador, sus necesidades de caja superan los $5,44 billones para sostener su operación e inversiones básicas.
Además, su deuda total con el sistema asciende a $2,5 billones, de ésta, $1,6 billones son con generadores y transmisores de los cuales el impacto más severo recae sobre las termoeléctricas, a las que se les adeuda aproximadamente $1,2 billones. Dentro del sector térmico, empresas como TEBSA y Termocandelaria, pertenecientes al Grupo TPL Energía, registran acreencias por $700.000 millones.
Esta crisis se ha visto agravada por una combinación de factores: elevados niveles de pérdidas de energía, bajo recaudo, rezagos en infraestructura y restricciones fiscales que impiden el giro oportuno de subsidios.
Riesgo inminente de racionamiento en la región Caribe
El impago a las plantas térmicas ha generado un efecto dominó peligroso. Al no recibir los recursos por la energía entregada, estas empresas enfrentan dificultades para comprar insumos y obtener créditos bancarios, lo que podría obligarlas a apagar sus plantas próximamente.
Si las térmicas dejan de operar, el impacto para la Costa Caribe sería crítico. Se proyecta una restricción del 43% del servicio en horas pico, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m. El racionamiento promedio diario sería del 26%, lo que equivale a dejar de suministrar más de 1.000 megavatios diarios, con consecuencias sociales, expertos advierten sobre efectos negativos profundos en la economía local y la calidad de vida de los habitantes de la región.
Medidas de urgencia del Gobierno Nacional
Ante la magnitud del problema, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que los instrumentos ordinarios resultaron insuficientes. El nuevo decreto buscaba inyectar liquidez a través de dos mecanismos clave:
Contribución Parafiscal: Se establece un aporte del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de 2025 para las generadoras.
Aporte Solidario en Especie: Las hidroeléctricas deberán entregar el 12% de su energía vendida en bolsa para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superservicios.
Pese a estas medidas, existe preocupación por la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos, ya que, tras casi un año y medio de intervención en Air-e, aún no se concretan soluciones definitivas para el pago de las deudas acumuladas. El Gobierno enfatiza que estas acciones son para “salvar el sector” y que no se traducirán en aumentos en las facturas de los usuarios finales.
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