Canal del Dique

Gobierno Petro defiende licencia ambiental en el Canal del Dique como garantía contra impactos irreversibles

En medio del debate sobre el futuro de la infraestructura en el Caribe colombiano, el Ministerio de Transporte reafirmó que la continuidad del proceso de licenciamiento ambiental para el proyecto del Canal del Dique es una medida innegociable para asegurar que las obras cuenten con el respaldo técnico y científico necesario.

Esta postura surge frente a propuestas de sectores del gobierno electo que sugieren retirar la exigencia de la licencia para agilizar los trabajos.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, ha sido enfática en que el objetivo central del proyecto ha evolucionado: ya no se busca únicamente mejorar la navegabilidad, sino lograr una restauración ecológica integral del sistema.

Según la funcionaria, “las obras del Canal del Dique deben ejecutarse, pero deben hacerse bien”. El rigor técnico actual busca evitar impactos irreversibles que podrían generar los diseños iniciales, los cuales modificarían significativamente los caudales y el transporte de sedimentos hacia ecosistemas estratégicos.

Protección de arrecifes, manglares y biodiversidad

El Ministerio subraya que el licenciamiento es la única herramienta que garantiza la protección de zonas de altísimo valor biológico, como el Santuario de Fauna y Flora El Corchal, los Parques Nacionales Naturales Corales de Profundidad y las Islas del Rosario, áreas ricas en arrecifes y ecosistemas de manglar que podrían verse afectados por una gestión inadecuada de sedimentos.

La ministra Rojas destacó que el avance del proyecto debe permitir la recuperación de ciénagas y humedales, protegiendo especies clave como manatíes y peces, asegurando así el equilibrio ecológico frente a los desafíos del cambio climático.

Garantía para el suministro de agua en Cartagena

Un punto crítico en la defensa del licenciamiento es la seguridad hídrica. El Canal del Dique es la fuente principal de agua para el acueducto de Cartagena a través de sus estaciones de bombeo. Cualquier alteración en la dinámica hidráulica sin el debido estudio técnico pondría en riesgo el abastecimiento de miles de ciudadanos.

“El agua del Canal del Dique es el agua de la vida”, recordó la entidad, señalando la responsabilidad histórica de no tomar decisiones apresuradas que comprometan este recurso.

Riesgos jurídicos y financieros

Desde la perspectiva técnica y legal, el Ministerio advirtió sobre los peligros de suspender el trámite ambiental:

Avance del Estudio de Impacto Ambiental (EIA): El proceso ya registra un avance del 64 % y ha incluido 22 consultas previas con comunidades locales.

Patrimonio Público: Se han comprometido 75.000 millones de pesos en el licenciamiento; detenerlo ahora podría constituir un detrimento patrimonial para el Estado.

Inestabilidad Jurídica: Existe una acción popular en curso. Interrumpir el licenciamiento aumentaría el riesgo de una suspensión judicial de las obras al no contar con las mejores alternativas evaluadas para mitigar impactos.

Con esta firme postura, el Ministerio de Transporte busca entregar un proyecto con seguridad jurídica y sostenibilidad, priorizando la vida y la estabilidad de la región Caribe por encima de la celeridad sin sustento técnico.

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