Pese a los recientes reveses judiciales, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso con la estabilidad energética de la región Caribe. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma confirmó que sigue en marcha el proceso para implementar un cobro de 8 pesos por kilovatio-hora destinado al saneamiento de la empresa Air-e.
La ratificación de la medida surge como una respuesta necesaria tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica, una determinación que el ministro calificó como “política” y que dificulta la financiación de subsidios para estratos 1, 2 y 3.
El ministro Palma dijo que la iniciativa, que se aplicará a los estratos 4, 5 y 6, industriales y comerciantes, actualmente se encuentra en etapa de borrador de resolución y bajo estudio de comentarios. “Se plantea como una medida gradual dirigida a quienes poseen más recursos para no resultar gravosa”, expresó.
Añadió que los recursos buscan sostener la operación de Air-e y garantizar el suministro eléctrico a 1.5 millones de familias en tres departamentos del Caribe.
Garantía contra el apagón
El ministro fue enfático en desestimar los rumores sobre un posible apagón en el Caribe. Aseguró que el Gobierno ha tomado medidas regulatorias a través de la CREG y el Ministerio para garantizar la prestación del servicio.
Asimismo, destacó que la intervención de Air-e el año pasado fue fundamental para evitar el colapso energético en la región y que se seguirán agotando todos los mecanismos legales para enfrentar las limitaciones presupuestales impuestas por los fallos judiciales.
De esta manera el Gobierno Nacional ratifica su preocupación ante la crisis que afronta la empresa y la necesidad de buscar salidas que le permitan contar con recursos para pagar sus obligaciones y poder seguir operando.
Expertos coinciden en que la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al frente de Air-e, a la que tiene intervenida hace cerca de 1 año y medio, ha sido muy deficiente, y que prueba de ello es que las deudas de la compañía se han duplicado y no tiene con qué pagarles a los generadores y transmisores de energía y otros acreedores, a quienes les debe más de 2.5 billones de pesos.
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