La ciudad de Minneapolis se ha convertido en el epicentro de una crisis nacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en menos de un mes.
Estos incidentes han reavivado con fuerza el debate sobre las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, impulsando pedidos para la eliminación total de la agencia ante denuncias de violencia desmedida.
El pasado sábado 24 de enero, Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, murió tras ser baleado por agentes federales durante un “operativo selectivo” en la zona de “Eat Street”. Pretti se encontraba en el lugar protestando contra las redadas migratorias y documentando el accionar de los agentes.
Según testigos y grabaciones de video, Pretti intentaba asistir a una mujer que había sido empujada por los oficiales cuando fue derribado.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el agente actuó en defensa propia ante una resistencia violenta, un análisis de video de CNN indica que Pretti ya había sido desarmado antes de recibir múltiples disparos mortales.
Un juez de Minnesota emitió una orden temporal para impedir que las agencias federales destruyan pruebas, luego de que el estado demandara al Gobierno de Trump por la presunta alteración de la escena del crimen.
La muerte de Pretti ocurre a menos de tres semanas del fallecimiento de Renee Good, otra ciudadana estadounidense. Good fue abatida por un agente del ICE durante una redada dirigida contra inmigrantes indocumentados en la misma ciudad de Minneapolis, lo que subraya un patrón de letalidad en los operativos recientes.
Un estado en conflicto con el Gobierno Federal
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha expresado su indignación, calificando las acciones federales como repugnantes y exigiendo la retirada inmediata de los miles de oficiales que considera violentos y sin entrenamiento.
Por el contrario, la secretaria de Justicia de EE. UU., Pam Bondi, ha presionado al gobernador para que derogue las políticas de santuario del estado, comparta datos estatales de Medicaid, SNAP y del padrón electoral con el Gobierno federal y permita que el ICE entreviste a personas bajo custodia estatal para determinar su estatus migratorio.
El debate sobre funcionamiento del ICE
La presión social para eliminar o reestructurar el ICE ha ido creciendo. Los críticos argumentan que la agencia ha superado su autoridad legal, llegando incluso a enfocar sus tácticas agresivas en ciudadanos estadounidenses.
A pesar de que sectores progresistas y legisladores como Pramila Jayapal denuncian abusos a los derechos humanos, el ICE ha visto un aumento en su financiación, consolidando lo que expertos llaman un complejo industrial de deportación que superó las 500,000 expulsiones en el último año.
El debate permanece profundamente polarizado entre quienes exigen seguridad fronteriza y quienes ven en el ICE una fuente de violencia institucional incontrolable.
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