María Eugenia Tous, presidenta ejecutiva del Grupo Petromil, y Silvana Habib, directora ejecutiva de Asoenergía, coincidieron en la urgencia de adoptar políticas de Estado sólidas y destrabar la ejecución de proyectos para garantizar un suministro energético competitivo y sostenible.
Las ejecutivas participaron en el panel “Cadena de valor del mercado energético”, desarrollado en el marco del 13° Foro Energético de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, que dejó claras advertencias sobre el rumbo del sector en el país.
Durante su intervención, María Eugenia Tous destacó que en Colombia el rol del comercializador de gas en el mercado mayorista suele ser visto con “sospecha”. Esto contrasta con mercados internacionales como el de España, donde operan simultáneamente más de 200 comercializadores bajo reglas claras y con una oferta altamente competitiva.
Tous enfatizó que el país cuenta con una infraestructura robusta. Como ejemplo, mencionó que el Grupo Petromil dispone actualmente de una capacidad de almacenamiento de 1.8 millones de barriles, equivalente al 25% del almacenamiento nacional, además de especializarse en la logística de gas como aliado estratégico entre productores y distribuidores.
No obstante, señaló que el sector se encuentra “sobrediagnosticado” en materia de exploración y proyectos de gas natural licuado (GNL).
Para solucionar las deficiencias del sistema, Tous afirmó que Colombia requiere con urgencia una política de Estado transversal que trascienda al presidente de turno.
Esta política debe integrar de forma rápida y coordinada no solo al Ministerio de Minas y Energía, sino también a las carteras de Ambiente y Comercio Exterior, con el fin de viabilizar decisiones que aseguren la llegada de la molécula de gas a precios competitivos.
El cuello de botella de la ejecución y la pérdida de autosuficiencia
Por su parte, Silvana Habib resumió el principal desafío de la cadena de valor en una sola palabra: ejecución. A pesar de recibir señales positivas por parte del nuevo gobierno para impulsar el sector, Habib advirtió que el país ha perdido la capacidad de ejecutar decisiones, proyectos y regulaciones de manera oportuna.
Esta parálisis se refleja directamente en la pérdida de la autosuficiencia energética. Según las cifras expuestas por la directora de Asoenergía, para el mes de julio el país ya importaba el 30% de su gas, el 45% del gas licuado de petróleo (GLP), el 45% de la gasolina, y se proyecta que para el año 2027 la dependencia del gas importado podría alcanzar casi el 70%.
Adicionalmente, las centrales térmicas enfrentan severas dificultades para abastecerse de diésel debido a los altos precios y a su compleja situación financiera, lo que acentúa la necesidad de promover con urgencia la oferta nacional.
Precios elevados y desactualización regulatoria
La escasez de energéticos y la ausencia de contratos a largo plazo están provocando un encarecimiento generalizado que dificulta la planeación industrial, la inversión y el sostenimiento del empleo.
Habib citó análisis del Centro de Pensamiento CREE, liderado por Tomás González, los cuales señalan que la presión de los altos precios del gas no será transitoria y se mantendrá durante el periodo 2026-2027. En detalle, se registran tarifas para contratos en firme de 6 millones por BTU, mientras que otras modalidades no firmes se elevan a rangos de entre 8 y 9 millones por BTU.
La brecha de competitividad es alarmante: desde el año 2023, el índice del precio del gas se ubicó en 185, frente a una inflación general que se situó en 130. Este encarecimiento golpea directamente al tejido industrial del país, considerando que para las empresas asociadas a Asoenergía el costo de la energía representa entre el 30% y el 50% de sus costos de operación totales.
Finalmente, Habib denunció una preocupante desactualización en las metodologías y regulaciones del sector, con normas de costos que llevan entre 3 y hasta 20 años sin ser revisadas. Estas ineficiencias regulatorias terminan trasladándose directamente en forma de mayores costos a la demanda.
Aunque la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREC) emitió normativas en 2025 y 2026 para asegurar la oferta ante la estrechez provocada por el fenómeno de El Niño, la directora de Asoenergía advirtió que se descuidó la competitividad de los costos. Ante este panorama, el gremio presentó una agenda al nuevo gobierno para exigir que la voz de la demanda industrial sea tenida en cuenta de manera prioritaria en todos los procesos regulatorios futuros.

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