El Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla ha declarado improcedente la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Educación Nacional, que buscaba impedir el retorno de Silvia Gette al cargo de rectora de la Universidad Autónoma del Caribe.
Con este fallo, se levanta el freno judicial que impedía el restablecimiento de derechos de Silvia Gette Ponce, permitiéndole reasumir su posición como rectora de la institución.
El juez de conocimiento determinó que la acción de tutela, presentada por el abogado Carlos Felipe Morales Guerrero en representación del Ministerio, no es el mecanismo idóneo para resolver esta controversia.
La decisión se fundamenta en el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que el Ministerio de Educación ya cuenta con un recurso de apelación en trámite ante un juzgado superior.
Según el documento judicial, la tutela no puede suplantar los mecanismos ordinarios de defensa, y en este caso, la apelación es la vía “idónea y eficaz” para proteger el derecho al debido proceso invocado.
Asimismo, el despacho señaló que no se acreditaron los presupuestos de un perjuicio irremediable que justificara el uso de la tutela como un mecanismo transitorio.
Levantamiento de medidas provisionales
Como consecuencia directa de esta declaratoria de improcedencia, el juzgado ordenó levantar la medida provisional concedida el pasado 14 de abril de 2026. Dicha medida había suspendido temporalmente los efectos del fallo proferido el 8 de abril por el Juzgado Segundo Penal Municipal, el cual inicialmente ordenó la restitución de Gette en el cargo.
Con la notificación de esta nueva providencia, cesan los efectos de la suspensión, dejando en firme —por ahora— la orden de que la exrectora retome las riendas de la universidad.
El origen del conflicto: El caso de 2013
La defensa de Gette, liderada por la abogada Bianith Bohórquez, ha sostenido que su representada fue víctima de una manipulación de actas y estatutos en el año 2013.
Según los argumentos validados inicialmente por el Juez Segundo Penal Municipal, Ramsés Vargas Lamadrid y otros directivos habrían alterado la normativa institucional para facilitar la llegada de Vargas a la rectoría, desplazando de manera irregular a Gette Ponce.
Cabe recordar que, en el marco de este proceso penal, la Fiscalía imputó cargos a Vargas Lamadrid y a varios directivos por estas presuntas irregularidades, cargos que los implicados no aceptaron en su momento.
Implicaciones para el sector educativo
Este giro judicial coloca nuevamente a la Universidad Autónoma del Caribe en un escenario de transición administrativa de alto impacto.
Mientras el recurso de apelación ordinario sigue su curso, la decisión del Juzgado 16 cierra la puerta a la intervención constitucional excepcional, dejando la resolución definitiva en manos de la justicia ordinaria penal, pero permitiendo, en lo inmediato, el cumplimiento de la orden de restitución de Silvia Gette.
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