Ni el Comité de Auditoría ni la Junta Directiva de Ecopetrol fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original con la empresa estadounidense Covington y menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo, por cerca de US$ 5.8 millones.
Así lo precisa la Junta Directiva de la estatal en un comunicado en el que añade que como consecuencia de lo anterior, ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025. En su momento y de manera oportuna, la Junta Directiva solicitó someter estas actuaciones a auditoría e investigación, en el marco del respeto a la Ley y al debido proceso.
Precisa que desde el año 2008, cuando Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, ha contado con un sistema de control interno y actividades de debida diligencia, apoyado por firmas de abogados de Estados Unidos, con conocimiento en asesorías especializadas en diversos temas, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) (FCPA, por sus siglas en inglés) y asuntos relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) (OFAC, por sus siglas en inglés), gestión de riesgos y asuntos éticos.
A solicitud de la Junta Directiva, en uso de sus facultades estatutarias y como resultado de un proceso plural, Ecopetrol contrató como asesor legal especializado a la firma Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024, para realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses.
Se aclara que en este proceso no participó el Presidente de la compañía. El contrato referido le permite a la Junta Directiva recurrir al asesor cuando lo considere necesario, para asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes.
De acuerdo con la Junta Directiva de Ecopetrol, en función de los resultados de los procedimientos que se realizan, se tomarán las acciones legales y administrativas que correspondan.
Añade además que la empresa colaborará con las autoridades y entes de control que han iniciado procedimientos relacionados con esta situación. Las acciones legales en curso buscan preservar la integridad de la empresa y proteger su imagen y reputación en el ámbito nacional e internacional.
Puntualiza en que Ecopetrol mantiene su solidez operativa y financiera y que la empresa ha sido rigurosa y oportuna en la publicación de toda la información relevante de interés del mercado y de la opinión pública. “Esta coyuntura no afecta los planes ni los proyectos definidos por la empresa y tampoco las expectativas de producción y crecimiento para el año en curso. La transparencia y la defensa del patrimonio público son prioridades de la Junta Directiva, en línea con los principios de buen gobierno corporativo”, puntualiza.

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