ANDEG y gremios del carbón rechazan decreto que aumenta tarifas de autorretención

Más agremiaciones se siguen pronunciando sobre la inconveniencia del decreto 0572 del 28 de mayo de 2025 con el que el Gobierno Nacional incrementa a partir del 1 de junio del presente año las tarifas de retención en la fuente del impuesto de renta.

Las actividades que tendrán más autorretención en la fuente serán la extracción de gas natural, oro y otros metales preciosos, así como la extracción de hulla, con una tarifa de 4,5%.

El Gobierno argumenta que el objetivo es ajustar el sistema de retenciones a la realidad económica de los sectores productivos y garantizar un flujo más estable y oportuno de recursos fiscales. Sin embargo, las empresas consideran que la medida afectará su flujo de caja.

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) advirtió sobre la inconveniencia de aumentar tarifas de autorretención por decreto.

“La medida expedida en definitivo no es una solución estructural, sino un jineteo fiscal que golpea la liquidez del sector productivo, sin debate ni respaldo en una reforma tributaria”, indicó Alejandro Castañeda, presidente de este gremio.

Añade que “esto afectaría la competitividad de las empresas y traerá mayores tarifas a los usuarios de la energía eléctrica”.

Tarifa para el sector es inequitativa

La Federación Nacional de Productores de Carbón, Fenalcarbón, a través de su presidente ejecutivo Carlos Cante, también rechazó el decreto del Gobierno y precisó que este aumento del 4,5% en la tarifa de autorretención para el sector constituye un trato inequitativo y desproporcional, frente a la tasa promedio de autorretención del 1,7% para la mayoría de las actividades económicas.

Señaló que no se puede olvidar que esta industria tributa por encima de la tasa de general de renta, pues tiene una sobretasa de 5 a 10 puntos adicionales, que asfixian el desempeño operativo y financiero de la industria, atrapando el flujo de caja, restringiendo capital de trabajo para operar en el corto plazo y afectando la continuidad de las operaciones formales de carbón en el país.

“Esta medida atenta contra el buen desempeño financiero de las empresas, pues parte de un supuesto de rentas que no se están generando, y que a lo único que conducen es a utilizar el flujo de caja de los contribuyentes para financiar los gastos del Estado de manera anticipada, sometiendo a las compañías a solicitar devoluciones en vigencias fiscales posteriores que, además de ser un proceso engorroso, puede tardar varios meses sin que se les reconozca intereses o beneficios por congelar recursos a título del Estado”, afirmó el dirigente gremial.

De acuerdo con Cante, la determinación de aumentar las autorretenciones sólo es viable con estudios técnicos que revelen una alta expectativa de recaudo, basados en una alta probabilidad de aumento en los márgenes de rentabilidad de los diferentes sectores.

“En el caso particular del sector carbón y de sus comercializadoras estimamos puedan incluso ser negativas, dado que los costos operativos se han elevado en los dos últimos años en más del 50%, mientras que los precios de mercado registran contracciones superiores al 46%, desconociéndose la capacidad tributaria de los actores en la industria, que además soportan cargas impositivas adicionales como el impuesto a la venta y exportaciones de carbón”, agregó Carlos Cante.

Medida exige un análisis técnico serio y profundo

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) manifestó su profunda preocupación por las consecuencias que traerá el Decreto 0572 de 2025 en momentos en que el país necesita con urgencia más empleo, inversión y desarrollo en las regiones.

“Nos sorprende que se adopten medidas de esta magnitud sin un análisis técnico riguroso del contexto actual de las industrias afectadas. Esta decisión no solo golpea la competitividad del sector minero, sino que amenaza con debilitar el tejido empresarial nacional en un momento económico complejo para el país”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

Explica que en el caso del carbón térmico, los fundamentos del Decreto resultan especialmente preocupantes. Solo en lo corrido de este año, el precio internacional ha caído un 11% frente a 2024, mientras que los costos operativos como mano de obra, energía y transporte, continúan al alza. Esta situación ha llevado a que muchas empresas proyecten pérdidas operativas al cierre del año, agravadas además por la creación reciente del impuesto al carbón por medio del Decreto 175 de 2025, que ya ha deteriorado los márgenes financieros del sector.

Por su parte, en la industria del oro, la medida representa una nueva barrera para la formalización de pequeños y medianos productores, en un momento en que el país debería estar impulsando decididamente la minería legal y responsable, como herramienta efectiva para combatir la extracción ilícita de minerales y dinamizar el desarrollo regional.

“El déficit fiscal del país no puede resolverse debilitando los sectores que generan empleo formal, inversión y desarrollo en las regiones. Este tipo de decisiones puede terminar generando el efecto contrario: frenar la inversión extranjera, promover la ilegalidad y comprometer la estabilidad económica del país”, agregó Nariño.

Desde la ACM se hace un llamado al Gobierno Nacional para revisar este Decreto con responsabilidad y sentido técnico, adoptando decisiones que protejan el aparato productivo colombiano.

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