La profunda inestabilidad institucional que caracteriza a Perú ha alcanzado un nuevo punto álgido tras la destitución exprés de la presidenta Dina Boluarte por el Congreso, que votó su salida del cargo por una abrumadora mayoría.
En una veloz sucesión constitucional, el hasta entonces presidente del Congreso, José Jerí Oré, juró como el nuevo mandatario del país la madrugada de este viernes, vistiendo ya la banda rojiblanca presidencial.
La moción para deponer a Boluarte, que fue aprobada por 121 votos a favor de 130 posibles, se consolidó a lo largo de la jornada del jueves. Boluarte se convierte así en la cuarta jefa de Estado desplazada por el Congreso en lo que va del siglo, después de Alberto Fujimori, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.
La destitución se llevó a cabo bajo la figura de “permanente incapacidad moral”, un mecanismo constitucional que, según analistas, se ha convertido en una herramienta frecuente de destitución presidencial desde 2016.
Aunque la aprobación final de la vacancia se argumentó principalmente por la incapacidad del gobierno para enfrentar la crisis de violencia y el avance del crimen organizado, la decisión fue el resultado de una acumulación de escándalos y presuntas irregularidades que mermaron fatalmente su ya precaria posición.
Lujos, cirugías estéticas y enriquecimiento familiar
Entre los hechos que se le imputan a Boluarte y que llevaron a la presión pública para su salida se encuentran:
Investigaciones por presunta corrupción, incluyendo la supuesta recepción de regalos lujosos, como relojes Rolex no declarados.
La no comunicación al Congreso de que estaría impedida físicamente para ejercer el cargo tras someterse a una serie de cirugías estéticas.
Presuntas irregularidades financieras y casos de corrupción vinculados a su entorno familiar.
Igualmente, el encubrimiento de la supuesta fuga del líder del partido Perú Libre, con el que ella y Castillo ganaron las elecciones de 2021.
Adicionalmente, Boluarte enfrenta al menos once investigaciones por parte de la Fiscalía, que incluyen graves delitos contra los derechos humanos por la muerte de más de 50 personas durante la represión a las protestas que exigían nuevas elecciones a finales de 2022.
La creciente presión social
La presión social, impulsada por las manifestaciones semanales y el rechazo a una ley de pensiones, fue determinante, ya que la presidenta mantenía uno de los niveles de aprobación más bajos de la historia del Perú. Su nivel de desaprobación ciudadana alcanzó el 93% según una encuesta reciente de Datum Internacional.
Boluarte había asumido el cargo en diciembre de 2022, haciendo historia como la primera mujer en ocupar la presidencia, tras suceder a Pedro Castillo, quien fue detenido y acusado de un intento fallido de golpe de Estado.
Pese a que logró mantenerse más tiempo en el cargo que cualquier otro presidente desde 2016, su posición fue siempre precaria.
Su abogado personal, Juan Carlos Portugal, defendió que la exmandataria se encuentra en su vivienda personal, descartando los rumores de que buscaría asilarse en una embajada extranjera o fugarse del país.
Estos rumores se intensificaron debido a que Boluarte supuestamente sondeó la posibilidad de asilo en las embajadas de Argentina, Brasil y Ecuador.
El fiscal general interino, Tomás Gálvez, anticipó que solicitará a un juez la prohibición de salida del territorio nacional para Boluarte.
El Futuro Incierto con Jerí Oré
La crisis política peruana entra en una nueva fase. José Jerí Oré, al frente del Congreso, asumió el cargo por sucesión constitucional. Sin embargo, la legitimidad de su gobierno de transición es muy baja, dado que el Congreso es, incluso, más impopular que la propia presidenta destituida.
El nuevo presidente interino tiene la tarea de conducir al país hacia las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026.
Con la salida de Boluarte, Perú suma seis presidentes en menos de una década, un reflejo de la inestabilidad que lo ubica entre los países con mayor turbulencia institucional de América Latina.
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