“La Constitución no se interpreta a conveniencia”: Aliadas sobre consulta popular por decreto

Rechazo en varios sectores del país ha causado la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar mediante decreto la consulta popular para que los colombianos se pronuncien sobre las 12 preguntas de la reforma laboral que había radicado ante el Senado de la República.

Como se sabe, esta consulta popular fue rechazada por el Senado, conforme al procedimiento constitucional vigente. Por ello, la alianza Aliadas, indica que esa decisión del Senado es legítima, válida y debe ser acatada. Ignorarla compromete la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de derecho, indica el gremio.

“Cualquier intento de eludir lo decidido por el Congreso representa una vulneración al orden constitucional. El principio democrático exige que las reglas se respeten, incluso cuando las decisiones no sean compartidas. Nadie está por encima de la Constitución: Ni las instituciones, ni los funcionarios, ni los poderes del Estado”, afirma María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, la alianza de gremios y asociaciones empresariales.

Añade que a esto se suma una grave preocupación: Se pretende convocar una consulta nacional en un contexto de déficit fiscal severo, cuando millones de colombianos reclaman soluciones urgentes en salud, educación, empleo y seguridad.

“Destinar recursos públicos a una propuesta que ya fue rechazada institucionalmente contradice las prioridades del país. Desde Aliadas gremio de gremios, reiteramos nuestro compromiso con la legalidad y el respeto por el orden constitucional”, indica.

La alianza hace un llamado a las autoridades competentes a actuar con celeridad, en el marco de sus funciones constitucionales y legales:

• Corte Constitucional, encargada del control de constitucionalidad.
• Consejo de Estado, juez supremo de lo contencioso administrativo.
• Registraduría Nacional, responsable de organizar los mecanismos de participación.
• Procuraduría General de la Nación, garante de la vigilancia de la conducta oficial.
• Contraloría General de la República, encargada del control fiscal sobre los recursos públicos.

Considera Aliadas que Colombia solo podrá avanzar si todas las decisiones se adoptan dentro del marco constitucional, con diálogo, corresponsabilidad y pleno respeto institucional. Anota que las reformas legítimas deben construirse con la ley, no al margen de ella y que defender la democracia, la independencia de poderes y el Estado de Derecho es un deber de todos los colombianos: Ciudadanía, líderes sociales, empresarios, trabajadores e instituciones.

“La protección de la Constitución no es una opción ni una invitación; es una responsabilidad colectiva de alzar nuestras voces con firmeza, dentro del marco legal, sin confrontación, pero con profundo compromiso democrático. En Colombia, el futuro no se impone por decreto: Se construye con la Constitución como base común”, puntualiza el gremio.