La CRC niega alocución presidencial a Gustavo Petro por incumplir criterio de urgencia

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó este miércoles, 15 de octubre, que no autorizó la alocución presidencial solicitada recientemente por la Casa de Nariño.

Esta decisión marca un precedente significativo, ya que se aplica bajo los nuevos lineamientos definidos por el Consejo de Estado para este tipo de intervenciones en medios de comunicación.

Según detalló la CRC en su comunicado, la solicitud de la Presidencia fue sometida a una validación que determinó un incumplimiento crucial: si bien la petición cumplía con los criterios de carácter personal de la intervención, no recurrencia y limitación temporal, no satisfacía los criterios de urgencia.

La entidad reguladora enfatizó que esta medida no representa una limitación a la libertad de expresión del presidente, Gustavo Petro, sino el estricto cumplimiento de los parámetros establecidos en la Circular 164 de 2025. Dicha norma fue expedida por la CRC tras una orden directa del Consejo de Estado.

El mandato del Consejo de Estado

La Circular 164 de 2025 fijó los parámetros específicos que deben cumplir las solicitudes de alocuciones presidenciales en televisión y radio. El objetivo central es garantizar que estos espacios se utilicen únicamente bajo condiciones de excepcionalidad, urgencia y relevancia nacional.

Con esta reciente negativa, la CRC busca “garantizar la transparencia, la equidad informativa y el uso responsable del espacio público en los medios de comunicación”.

El alto tribunal, cuya postura ha sido clave en la expedición de estas regulaciones, determinó previamente que el mensaje emitido por el presidente debe estar claramente delimitado en su contenido, duración y finalidad. Además, le recordó a la Casa de Nariño la necesidad de evitar que el uso de las alocuciones se convierta en un mecanismo de comunicación política o propagandística.

El Consejo de Estado ha considerado que el presidente Petro ha utilizado indebidamente la figura de la alocución presidencial. Esto se basa en la Sentencia C-1172 de 2001 de la Corte Constitucional, la cual exige justificación suficiente, no recurrencia, y limitación temática y temporal.

Uso desmedido y pluralismo

La decisión de la CRC se produce en medio de un clima político sensible, donde la oposición ha cuestionado el uso que consideran desmedido de las alocuciones, alegando que el gobierno las estaría utilizando como una “herramienta de propaganda”.

La regulación actual se deriva de una tutela interpuesta por varios ciudadanos, incluyendo el fallecido exsenador Miguel Uribe Turbay, quienes consideraron que el uso “inadecuado y desproporcionado” de las alocuciones había vulnerado su derecho fundamental a la información.

Tras el estudio del caso, el tribunal encontró que la queja era procedente, señalando que las intervenciones previas habían “desconocido la garantía del pluralismo informativo”.

Petro ha realizado 52 alocuciones presidenciales en lo que va de su mandato, una cifra superior a la de cualquiera de sus antecesores.

Pluralismo e imparcialidad

El Consejo de Estado ordenó a la CRC, como órgano regulador, expedir un marco regulatorio para garantizar el pluralismo y la imparcialidad. De hecho, la sentencia judicial determinó que la propia CRC, “pese a tener las facultades legales para evitarlo, permitió el uso indebido de la figura de la alocución presidencial”, lo cual generó un “monopolio de las fuentes informativas disponibles en la televisión”.

El alto tribunal ha sido enfático en que la regulación no constituye una censura, ya que la normativa no debe cuestionar el contenido de los mensajes. Sin embargo, busca establecer mecanismos para manejar futuras vulneraciones, basándose en el principio de que “ningún servidor público […] posee poderes ilimitados que le permitan ejercer de manera arbitraria, desmedida o irrazonable las funciones” que le atribuye la ley.

Esta no es la primera vez que el Consejo de Estado interviene en las prácticas comunicacionales del Gobierno de Petro. En abril de este año, en respuesta a otra tutela, ya había prohibido al Gobierno transmitir los Consejos de Ministros en los canales privados.

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