La cuenta regresiva para el sistema eléctrico colombiano ha comenzado. De acuerdo con el gremio de las energías renovables, SER Colombia, el próximo presidente del país dispone de una ventana crítica de solo dos años para destrabar proyectos, modernizar la infraestructura y evitar un déficit de energía que podría manifestarse a partir de 2027.
Bajo el título “El poder de decidir”, la hoja de ruta presentada por el gremio subraya que, si bien el interés de los inversionistas es alto, la ejecución se encuentra asfixiada por la burocracia. Según el documento, el 70% del tiempo de desarrollo de un proyecto se consume en trámites, con retrasos que en algunos casos llegan a los 2.000 días.
Para garantizar la estabilidad del sistema y atender el creciente consumo, el próximo gobierno deberá lograr la incorporación de al menos 6.000 nuevos MW de fuentes renovables en los próximos cinco años. Si se dan las señales adecuadas, este potencial podría ascender hasta los 9.500 MW.
Actualmente, Colombia cuenta con más de 3.053 MW de capacidad renovable no convencional en etapas de prueba u operación (equivalentes al 14% de la matriz nacional), sumados a unos 1.180 MW en recursos distribuidos.
No obstante, la realidad operativa es preocupante, pues existen más de 300 trámites represados y 5.086 megavatios que aún no han podido alcanzar el cierre financiero debido a la incertidumbre y las demoras.
Un ahorro de 7 billones de pesos
Uno de los puntos más atractivos de la propuesta es el impacto directo en el costo de vida. SER Colombia calcula que acelerar la transición y permitir la entrada de estos proyectos generaría un ahorro de hasta 7 billones de pesos en las tarifas eléctricas para los usuarios finales.
“Colombia no tiene un problema de falta de interés por parte del inversionista, sino de ejecución”, afirmó Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia. “Lo que se decida en los próximos dos años marcará la capacidad del país para crecer con tarifas manejables”.
Los seis frentes urgentes
La propuesta del gremio exige un plan de choque de seis meses para resolver cuellos de botella y se enfoca en seis pilares estratégicos para la primera mitad del nuevo mandato:
1. Acelerar conexiones y expansión de redes: La transmisión actual no avanza al ritmo de la generación.
2. Modernización del mercado: Implementar subastas periódicas y actualizar mecanismos de compra de energía.
3. Destrabe administrativo: Agilizar licencias y trámites hoy estancados.
4. Almacenamiento: Impulsar el uso de baterías para dar firmeza al sistema.
5. Pequeños generadores: Eliminar barreras para que hogares y empresas participen activamente.
6. Estabilidad jurídica: Una política de largo plazo que brinde seguridad a la inversión privada, la cual ya supera los USD 3.000 millones en el sector.
Complementariedad
El documento evita hablar de una carrera entre tecnologías y plantea la complementariedad como eje del sistema eléctrico colombiano. Además, el objetivo es que hogares, empresas y pequeños productores puedan participar más fácilmente en el sistema eléctrico.
La hoja de ruta llega en un momento donde las renovables ya tienen presencia en departamentos como La Guajira, Cesar, Atlántico, Tolima, Cundinamarca y Córdoba, con proyectos en operación, pruebas o construcción. El crecimiento acelerado de los últimos tres años convirtió a esta industria emergente en uno de los sectores con mayor movilización de inversión privada y generación de empleo en el país.
El informe concluye que la transición energética ha dejado de ser una promesa a futuro para convertirse en una necesidad de soberanía y competitividad. De no actuar con celeridad en el primer bienio de gobierno, el país no solo enfrentará riesgos de apagón, sino que perderá la oportunidad de descarbonizar su economía, equivalente a retirar 265.000 vehículos de circulación anualmente.
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