En un pronunciamiento sin precedentes, el presidente Gustavo Petro se dirigió directamente al magistrado Carlos Camargo Assis, apelando a su origen cordobés compartido, para suplicarle que interceda en la Corte Constitucional con el fin de levantar la suspensión de la emergencia económica.
“Magistrado Camargo Assis, ambos nacimos en esta tierra. Le suplico, ayude a levantar al suspensión de la emergencia económica en la corte constitucional“, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
Según el mandatario, la recuperación de la calidad de vida del pueblo sinuano tras los desastres naturales costará billones de pesos, y las decisiones judiciales previas ya han implicado un recorte presupuestal de 16 billones de pesos, lo que obligaría a desviar recursos de otras regiones necesitadas para atender a Córdoba.
La crisis humanitaria que golpea a departamentos como Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar no es solo producto de un frente frío ártico imprevisible, sino que, según el jefe de Estado, tiene un trasfondo de “codicia” y mala gestión operativa. Petro calificó la situación en el Caribe como un “delito ambiental”, señalando que mientras el país era advertido sobre una escasez de gas, las hidroeléctricas mantenían sus embalses al límite de su capacidad.
El foco de la crítica presidencial se centró en la represa de Urrá, la cual, según sus denuncias, ha estado liberando de manera “exageradamente dañina” más de 2.500 toneladas de agua por segundo sobre las viviendas de campesinos y zonas urbanas.
Ordena inmediata investigación
Petro cuestionó por qué no se utilizó esa abundancia de agua para generar energía más barata y sustituir el gas costoso, sugiriendo que se dejaron las represas llenas intencionalmente para realizar contratos de venta de energía a precios de gas en los próximos meses.
Ante lo que considera una gestión irregular, el presidente ha tomado las siguientes medidas: Ordenó una investigación inmediata por parte de las superintendencias y exigió la renuncia del gerente de Urrá, tras revelar que el nivel de la represa estuvo por encima de lo permitido durante el 27% de los días en los últimos dos meses.
Finalmente, el mandatario planteó un desafío ético al poder judicial, preguntando si los magistrados saldrán nuevamente en defensa de las utilidades de las hidroeléctricas o si esta vez protegerán a los ciudadanos damnificados que hoy enfrentan la furia del agua.
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