Las alertas de gremios por la suspensión de la regla fiscal, déficit alcanzará un 7,5% del PIB

Un total rechazo ha causado por parte de sectores empresariales y gremiales la decisión del Gobierno Nacional de suspender la regla fiscal por un período de 3 años, activando la denominada “cláusula de escape”.

La medida avalada por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) permite al Estado flexibilizar temporalmente los límites al endeudamiento público establecidos en la Ley 2155 de 2021.

Los gremios consideran la medida muy inconveniente y aseguran que la cláusula de escape está diseñada para situaciones extraordinarias, como guerras o crisis económicas profundas.

Al calificar la decisión del Gobierno como inoportuna e inconveniente, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, estimó que con esta suspensión el déficit fiscal alcanzará un 7,5% del PIB, el segundo más alto en 121 años de historia económica moderna, solo superado por el 7,8% registrado durante la pandemia.

“Es crucial que el Gobierno anuncie un plan de ajuste creíble en la publicación del marco fiscal, con el fin de evitar un deterioro adicional de la prima de riesgo, lo cual tendría repercusiones negativas sobre la recuperación del crecimiento económico”, anotó Mejía.

Por su parte, la Andi advirtió complicaciones para la economía colombiana por suspensión de la regla fiscal. Coincide con Fedesarrollo en que con esta decisión el déficit fiscal sería superior al 7% acercándose a niveles de la pandemia y en el contexto actual no hay una justificación suficiente para activar la cláusula de escape de la regla fiscal.

“Consideramos que no es apropiado tomar decisiones que generen inestabilidad en la economía, teniendo en cuenta además que el país ya atraviesa por volatilidades y retos como el de la inflación, las tasas de interés, el bajo crecimiento del PIB y una inversión que apenas está reanimándose”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Afirma el dirigente gremial que la regla fiscal se creó como una declaración voluntaria encaminada a garantizar que el país puede pagar sus obligaciones, buscando así generar confianza en los mercados y mejores condiciones. “En cambio, decir que no vamos a cumplir esas condiciones es igual a generar inmediatamente un clima de desconfianza y, por lo tanto, mayores tasas de interés”, anotó.

Mac Master dijo que “también obstaculizaría el acceso del país a líneas de créditos flexibles y, posiblemente, perderíamos el grado de inversión que aún conservamos con Moody’s. Incluso correríamos el riesgo de recibir un menor puntaje por parte de otras calificadoras”.

Para la Andi es claro que esta medida podría aumentar la percepción de riesgo país y encarecería el costo de financiamiento, tanto para el Gobierno como para las empresas y los hogares. Además, una mayor incertidumbre económica podría desincentivar la inversión privada, afectar la confianza de los consumidores e incluso impactar la tasa de cambio.

Un barco sin ancla

Para el presidente de Anif, José Ignacio López, la política fiscal en Colombia ha quedado como un barco sin ancla. “Al invocar la cláusula de escape de la Regla Fiscal, el Gobierno busca tener un déficit fiscal más alto -que podría superar el de la pandemia, con graves consecuencias para el nivel de deuda, y tasas de interés más altas para el sector público y privado”, afirmó.

Precisa López que es cierto que el Gobierno heredó grandes retos en materia fiscal, pero que su compromiso por la estabilidad macroeconómica pasa por apretarse el cinturón y reducir lo más que pueda el gasto en burocracia. “Al invocar la cláusula, el mensaje que interpretarán los mercados financieros es que el Gobierno prefiere gastar, en lugar de estabilizar las finanzas públicas”, anotó.

El presidente de Anif indicó que recortar gasto no fácil, pero aseguró que “cualquier gobierno no está produciendo el déficit fiscal más grande de la historia sin un hecho sobreviviente”

En esa misma línea, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, afirma que “antes de romper las reglas, toca ajustar el gasto y actuar con austeridad”.

Lacouture considera que no cumplir con la regla fiscal es una apuesta irresponsable con la economía del país. “La activación de la cláusula de escape sin justificación destruye confianza: Sube el riesgo país, baja la calificación, encarece el financiamiento, mantiene alta la inflación”.

Abre la puerta al gasto desbordado

Para Fenalco la suspensión de la regla fiscal es una pésima decisión que sin duda tendrá repercusiones muy negativas para todo el país.

El Presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que en la práctica esto se traducirá en un aumento desmedido del gasto público y en un mayor desequilibrio de las ya deterioradas finanzas del Estado y de los indicadores macroeconómicos del país.

“Sin el freno de mano que representa la regla fiscal para evitar el exceso del gasto público, el Gobierno tiene vía libre para gastar, y así aceitar la maquinaria, de cara a las elecciones del 2026”, añadió el dirigente gremial.

Cabal subrayó que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal se abstuvo de avalar esta decisión, lo que aumenta aún más la preocupación. Las nuevas estimaciones de gasto público partirán de la base de que esta suspensión podría extenderse hasta por tres años, incluyendo el 2025.

“El expediente de la cláusula de escape no tiene justificación en este caso. No existen hoy las circunstancias excepcionales que podrían ameritar esta excepción, como sí ocurrió durante la pandemia en 2020 y 2021. La verdadera causa del actual descuadre fiscal es el mal manejo de las finanzas públicas por parte del actual gobierno. Ya no es válido seguir culpando al pasado: basta de mirar el espejo retrovisor”, enfatizó Cabal.

“Como lo han advertido hoy varios analistas, este camino aumentará el endeudamiento, que ya supera el 60% del PIB, y dejará una bomba fiscal al próximo gobierno”, explicó el líder gremial.

Adicionalmente, Cabal advirtió que esta decisión elevará el costo del servicio de la deuda, reducirá el margen del Banco de la República para bajar las tasas de interés y desincentivará la inversión privada, incluyendo grandes proyectos de infraestructura vitales para el desarrollo del país.