Ante un juez especializado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el menor que le disparó al senador Miguel Uribe Turbay se declaró inocente.
Este hecho se da en razón a que, primero, en el régimen legal de niños y adolescentes, no establecen beneficios por aceptar los cargos, lo que sí sucede con los mayores de edad.
Y segundo, el joven de 14 años está en un proceso de negociación con la Fiscalía General de la Nación. Para este tipo de casos, en el que resulta involucrado un menor, no se aceptan los cargos y posteriormente se estalecen los acuerdos entre las partes. Todo apunta a un principio de oportunidad.
Tras no aceptar los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, el juez le impuso medida de internamiento preventiva en un centro especializado aceptando la petición en tal sentido, hecha por la Fiscalía, mientras avanza el proceso.
El principal sospechoso del atentado, aprehendido en flagrancia tras el ataque, se expone a una sanción de hasta ocho años, según explicó la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
8 años en centro especializado
“La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de 8 años, que no es propiamente de prisión, vuelvo e insisto, sino es una sanción que bajo los lineamientos de la ley 1098, es una sanción que es educativa, reparadora y que tienen por fin restablecer los derechos de ese menor”, precisó la funcionaria.
La Fiscalía General de la Nación considera la hipótesis de que el atentado fue orquestado por una red criminal, y no un acto aislado. Las autoridades investigan si el menor actuó bajo órdenes y buscan su teléfono móvil, que podría ser clave para identificar a los autores intelectuales.
Este caso ha reavivado el debate sobre el tratamiento judicial de menores involucrados en crímenes graves. Aunque el joven niega los cargos, sería enviado a un Centro de Atención Especializada para pagar la condena. Las autoridades investigan el contexto social y criminal del caso, y critican el uso de menores en redes delictivas. El atentado ha generado una fuerte condena tanto nacional como internacional.
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