Un informe exclusivo de la revista CAMBIO, basado en el expediente judicial al que tuvo acceso, ha sacudido al sector de la salud al detallar estrategia fraudulenta que permitió a la cúpula directiva de la Nueva EPS ocultar la realidad financiera de la entidad durante al menos cinco años (2019 a 2023).
La Fiscalía General de la Nación sostiene que las cifras de la compañía se “maquillaron” de manera deliberada para mantener vivo un negocio multimillonario.
La cabeza de esta operación, según el ente acusador, fue José Fernando Cardona Uribe, presidente de la EPS desde 2012 hasta principios de 2024, quien presuntamente no actuó solo.
Junto a él fueron llamados a juicio Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas). Se les imputan cargos por peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado.
El mecanismo central de este desfalco consistió en una política deliberada de ocultamiento de información que distorsionó los estados financieros. Para lograrlo, los directivos se enfocaron en no procesar la totalidad de la facturación radicada por clínicas y hospitales.
Los movimientos financieros alterados
Estados Financieros Falsos: Según la investigación de la Fiscalía, Cardona, Isaza y Pedraza firmaron estados financieros que mostraban utilidades ficticias, en lugar de reflejar las pérdidas reales.
Mantenimiento de Habilitación: El ente acusador encontró que estas utilidades inexistentes fueron cruciales, ya que permitieron a la Nueva EPS mantener su habilitación ante la Superintendencia Nacional de Salud, lo que, a su vez, garantizaba que continuara recibiendo billones de pesos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Deuda Oculta: Al dejar por fuera miles de millones en cuentas médicas, la verdadera deuda crecía de forma gigantesca. Según los informes de intervención citados por la Fiscalía, la deuda oculta ascendía a más de 5 billones de pesos para el año 2023.
El presidente Gustavo Petro mencionó que la cifra inicial reportada sin intervención era de 3 billones, pero al intervenir la EPS se descubrieron 5 billones escondidos en aproximadamente 12 millones de facturas.
Los topes inamovibles de facturación
El expediente de la Fiscalía demuestra que la política de ocultamiento se diseñó desde la Presidencia de la Nueva EPS y se implementó directamente en el área de cuentas médicas.
Documentos como tableros de control contables y correos internos señalan que se establecían límites rígidos (topes) sobre cuánto se podía procesar cada mes, incluso si las facturas ya habían sido radicadas.
Una funcionaria de la gerencia de cuentas médicas, Daniela Rueda, testificó ante la Fiscalía que estos topes eran inamovibles, y quien intentaba sobrepasarlos recibía llamados de atención.
Presuntamente, el propio gerente de cuentas médicas, Fabián Peralta, transmitía las órdenes mensuales, especificando montos como “se procesa 1.7 o 1.8” (en miles de millones), mientras que el resto de la facturación era simplemente ocultado. De esta forma, la EPS reportaba cifras positivas mientras la deuda real con los prestadores escalaba.
Peculado y Beneficios del Fraude
Al declarar utilidades ficticias entre 2019 y 2022 mediante el ocultamiento de la facturación, la Nueva EPS registró ganancias por 91.490 millones de pesos. De esta cifra, la Fiscalía calcula que al menos 70.563 millones de pesos se utilizaron para cubrir pasivos y absorber pérdidas de años anteriores, constituyendo así la cifra del peculado, es decir, lo robado del erario público.
Aunque la defensa argumenta que el dinero nunca salió de la entidad para enriquecer a terceros, la justicia señala que la maniobra constituyó fraude procesal y administración desleal. Los estados financieros falsos sostuvieron un “espejismo” que escondía una quiebra monumental.
La jugada, sin reparto de rendimientos a los socios, benefició a los actores internos de la siguiente manera:
- Nueva EPS: Ganó tiempo, mantuvo la habilitación, y siguió recibiendo billones del ADRES.
- Accionistas: Preservaron el valor de su inversión al reportar utilidades en lugar de pérdidas.
- Directivos: Conservaron estabilidad y prestigio, gestionando billones de pesos del erario público.
Concentración de Contratos y Cobro de “Coimas”
Más allá de las maniobras contables, la investigación apunta a que el verdadero interés en mantener viva la operación de la Nueva EPS residía en la chequera billonaria que podían ejecutar a su antojo.
El exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, indicó que el hallazgo más grave no era solo la deuda escondida, sino la forma en que se usaban los recursos públicos, incluyendo el direccionamiento de pacientes a ciertas clínicas y gestores farmacéuticos.
El exinterventor Julio Rincón, quien será testigo formal en el proceso, coincide en que la EPS acaparó la contratación en grupos específicos como Bienestar, Grupo Uros, Viva 1A, Dime, Audifarma y Difarma. Rincón aseguró que la Fiscalía debe concentrar su investigación en esta discrecionalidad de contratación, ya que es allí donde se mueve la plata.
Además, Leal denunció que existían quejas de la red hospitalaria sobre el cobro de “coimas” disfrazadas para asegurar el pago: “Decían, la única forma de que me paguen es que yo les devuelva el 30 por ciento”.
Pruebas Contundentes de la Fiscalía
Entre el arsenal probatorio de la Fiscalía se encuentran los testimonios de exfuncionarios y asesores. El exagente interventor, Julio Rincón, relató que al llegar encontró un “represamiento total de la facturación” y estados financieros sin confiabilidad, hallando cuentas por pagar no contabilizadas por 5,7 billones de pesos.
Además, la Fiscalía cuenta con interceptaciones telefónicas que sugieren que Cardona y Pedraza habrían intentado reunirse para ponerse de acuerdo e inculpar a uno de los coimputados, específicamente a Juan Carlos Isaza Correa, lo que demostraría que el ocultamiento fue realizado con dolo y no se trató de meros errores administrativos.
La investigación, que por ahora se centra en Cardona y sus ejecutivos, podría tener una segunda fase que involucre a los miembros de la Junta Directiva de la época (entre 2019 y 2023), quienes eran beneficiarios directos de la falsa solvencia y bajo cuya supervisión se maquillaron cuentas por más de 5 billones de pesos.
El exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Salas, presentó una denuncia contra los miembros de la junta por estafa, administración desleal y peculado.
En diálogo con CAMBIO, el abogado de Cardona, Javier Tamayo, sostuvo que no podía pronunciarse sobre las pruebas, pero reiteró que “ni un solo peso o cheque salió de la Nueva EPS para enriquecer el patrimonio de un tercero”.
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