El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió a los gremios energéticos más representativos del país, aclarando que la intervención de Air-e tiene fines liquidatarios, pero tranquilizó al sector asegurando que los estudios técnicos para definir dicha liquidación no se completarán durante el actual Gobierno.
El alto funcionario enfatizó que el modelo actual busca reestructurar la prestación del servicio en el Caribe sin afectar la continuidad.
El ministro confirmó en la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética que el modelo de intervención, diseñado hace más de un año, contemplaba este escenario liquidatario y no se trata de una medida nueva.
Ante las advertencias de los gremios sobre riesgos sistémicos, Edwin Palma respondió que los estudios y análisis estructurales para concretar la liquidación tomarán tiempo y no se alcanzarán a definir en lo que resta del Gobierno Petro.
Y en medio de la preocupación de las cámaras de comercio y veedurías, el Ministerio ha afirmado que el proceso en curso no afectará la prestación ni la continuidad del servicio de energía para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La preocupación de los gremios
La anunciada liquidación de la empresa Air-e por parte del presidente Gustavo Petro, ha desencadenado un fuerte pulso institucional y sectorial.
Siete de los gremios más importantes del país (Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas y la ACP) advirtieron conjuntamente que la medida, de ejecutarse sin un plan de fondo, podría generar un “apagón financiero” sistémico y comprometer el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El principal foco de tensión radica en la enorme deuda acumulada por la compañía distribuidora. Air-e arrastra obligaciones financieras vigentes cercanas a los $2,7 billones de pesos con los distintos agentes del mercado eléctrico local.
Cuestionan que tras la intervención de la empresa por la Superintendencia de Servicios Públicos, el pasivo se disparó significativamente.
Las empresas encargadas de producir la electricidad argumentan que la liquidación destruye la confianza inversionista y la operatividad del sistema. De los recursos adeudados, unos $1,7 billones de pesos corresponden directamente a deudas con las plantas generadoras térmicas.
Las térmicas compran el 30% del gas natural del país. Al no recibir los pagos de Air-e, se rompe la liquidez de toda la cadena de abastecimiento de gas y energía. Por ello la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, advirtió que liquidar formalmente la empresa —sin que nadie asuma inmediatamente sus deudas— impediría que la firma siga comprando energía en la bolsa, dejando desprotegidos a 1,3 millones de hogares ante contingencias climáticas críticas.
Ante este escenario y la anunciada liquidación, los gremios solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para vigilar que no se vulneren los procedimientos legales y se asegure un manejo ordenado de las obligaciones.
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