Médicos y enfermeras pasarían a ser empleados públicos

En la medida en que se filtran aspectos relacionados con la anunciada reforma a la salud, pues el texto de manera oficial no se conoce aún, así se aviva el debate. Lo más reciente es el supuesto planteamiento de que médicos y enfermeras del actual sistema, excepto los especialistas, pasarían al sector público; es decir, el Estado sería su patrón y sería el camino para debilitar a las EPS que no desaparecerían del todo.

La mecha de esta nueva polémica la prendió la senadora y presidente de la Comisión Séptima del Senado, Norma Hurtado.

Es de anotar que la reforma a la salud fue promesa de campaña electoral de Petro y a través de su ministra de Salud, Carolina Corcho, se han ido revelando intenciones de lo que se quiere, en especial establecer un política pública de salud preventiva, pero que para poder ser implementada debe surtir los respectivos debates en el Congreso de la República en donde están a la espera de su radicación.

A la ministra Corcho la cuestionan porque, supuestamente, el proyecto de reforma no ha sido socializado, lo que la funcionaria refuta sosteniendo que desde septiembre pasado se han llevado a cabo más de 1.400 encuentros entre abiertos y cerrados.

DEBE SER REVISADA

Una de las recientes voces que se han dejado sentir luego de la revelación de la senadora Hurtado, es la de Paula Acosta, presidenta de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, la agremiación que representa a las EPS, quien manifestó que esa intención debe ser revisada con profundidad.

“Nueve de cada 10 trabajadores está con un contrato formal de trabajo. Es importante avanzar en particular, pero hay que reconocer las diferencias. Hay un déficit muy importante de especialistas y probablemente esa es la forma de responder a las necesidades de la población”, precisó.

Agregó en que es complicado que en el país solo exista un modelo se salud que sea 100 por ciento dependiente del Estado y que no se puede desconocer que los privados han venido prestando servicios de calidad.

Por su parte, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, insiste en que el Gobierno Nacional está obligado a dar conocer el proyecto en su totalidad y someterlo a deliberaciones públicas.