El reciente bombardeo militar contra disidencias de las Farc en Guaviare ha desatado una profunda crisis política y humanitaria luego de que se confirmara la muerte de siete menores de edad, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asegurara que la responsabilidad de exponer a los niños al riesgo de las hostilidades recae “única y exclusivamente” en los grupos armados que los reclutan.
Tras el operativo, que dejó 26 integrantes de la estructura criminal GAO-r Facción ‘Mordisco’ neutralizados, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, confirmó que siete menores murieron durante la acción militar.
El Ministerio de Defensa lamentó el hecho y señaló que los fallecidos eran adolescentes que habían sido “reclutados y utilizados como combatientes ilegales en funciones continuas de combate”.
Según la declaración oficial, la decisión de la Fuerza Pública de proceder con apoyo aéreo cercano, incluido el empleo de bombardeo, se tomó para proteger a 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y bajo una amenaza considerada extrema.
La cartera de Defensa afirmó que la operación fue planeada y ejecutada con riguroso apego al Derecho Internacional Humanitario (DIH), respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporando todas las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas.
Múltiples violaciones al DIH
No obstante, el ministro Sánchez, a través de la declaración del Ministerio, fue categórico al señalar a los grupos criminales como los únicos culpables por el destino de los menores:
La responsabilidad de exponer a los menores al riesgo de las hostilidades recae “única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate, en abierta violación del DIH y del interés superior de la niñez”.
El Ministerio recordó que esta facción criminal, la cual financia sus acciones a través del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión, es responsable de múltiples y graves violaciones al DIH, incluido el reclutamiento forzado de menores, que es considerado un crimen de guerra.
Las disidencias de ‘Mordisco’ han sido señaladas de ataques sistemáticos contra la población civil, ataques con drones y el asesinato de ocho líderes religiosos.
El operativo, dirigido contra cabecillas de la estructura como alias ‘Pescado’, permitió también la recuperación con vida de tres adolescentes más, quienes integraban el grupo criminal, y la incautación de un amplio arsenal que incluía ametralladoras, fusiles, morteros, miles de municiones y 51 minas antipersonal.
El Ministerio defendió que la intervención rápida y oportuna evitó lo que pudo haber sido un atentado terrorista contra las tropas.
Citación a moción de censura
A raíz de la controversia generada por la muerte de los menores y las declaraciones del ministro Pedro Sánchez sobre la responsabilidad del reclutamiento, se ha confirmado que el funcionario será citado al Congreso de la República para enfrentar una moción de censura.
Juristas han debatido la complejidad del asunto, señalando que, bajo la jurisprudencia de la Corte Suprema, existen principios como el de precaución que obligan a prevenir la afectación de civiles y menores de edad en los campamentos. Sin embargo, también se ha afirmado que, en términos de combate, “el responsable de la muerte de un niño en un combate es quien lo reclutó”.
Expertos señalan que la cifra de niños y niñas reclutados por grupos armados ha alcanzado récords, con cerca de 600 casos reportados el año pasado, y advierten que los métodos de reclutamiento están cambiando, ofreciendo dinero, motocicletas y usando redes sociales, aprovechando la falta de oportunidades y protección.“Los niños se están convirtiendo en el combustible de esta guerra”, concluyó un experto.
El Ministerio de Defensa, a pesar de la controversia, reafirmó su compromiso con la protección de la población civil y de la niñez y adolescencia en todas las operaciones de la fuerza pública.
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