En medio de una crisis que sigue creciendo, la empresa Air-e intervenida tiene nueva agente especial interventora, por ahora en calidad de encargada durante 20 días.
Se trata de Tania Peñaranda, quien ya venía vinculada a la compañía y tiene una importante experiencia en el sector energético. El Norte conoció que no se descarta la posibilidad que sea designada en propiedad.
De esta manera ya son cinco los agentes interventores que ha nombrado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Air-e.
Recientemente La Superservicios le aceptó la renuncia de Nelson Javier Vásquez Torres como Agente Especial, profundizando la sensación de inestabilidad en la intervenida compañía eléctrica.
La salida de Vásquez Torres marca un hecho preocupante para la gestión de la empresa, que ha visto pasar a cuatro agentes interventores en un periodo de 16 meses que van de la intervención.
Ya habían salido del cargo Carlos Diago, Edwin Palma (actual ministro de Minas y Energía) y Diana Bustamante, todos sin resolver la grave crisis financiera de la empresa Air-e, que sigue aumentando y poniendo en riesgo todo el Sistema Eléctrico Nacional.
Un panorama financiero crítico
Aunque en calidad de encargada, Tania Peñaranda enfrentará una situación financiera de la compañía extremadamente compleja, con una deuda superior a los 2.5 billones de pesos con todo el sistema energético.
Los detalles de las obligaciones financieras revelan un escenario de tensión con el mercado energético: Deuda con generadoras: $1,6 billones de pesos, deuda específica con térmicas: $1,1 billones de pesos.
Propuestas de Salvamento del Gobierno
Ante este déficit, el Gobierno ha planteado medidas fiscales y tarifarias para intentar estabilizar la operación de la compañía. Estas incluyen el cobro de una sobretasa de $8 por kilovatio hora a todos los usuarios del servicio e de los estratos 3, 4, 5 y 6, industriales y comerciantes, y la creación de un impuesto del 2,5% sobre las utilidades, antes de impuestos, de las empresas generadoras de energía, disposición que aún no se sabe si se aplicará o no ante la suspensión del decreto de emergencia económica.
Como parte del proceso de salida, Vásquez Torres deberá entregar un informe final de gestión dentro de los 30 días calendario siguientes a la comunicación de la resolución.
Este documento será clave para entender el estado actual de la intervención que inició formalmente el 11 de septiembre de 2024 debido a diversas causales, siendo la principal que por su condición económica se ponía en riesgo la prestación del servicio de energía en La Guajira, Atlántico y Magdalena.
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