En una diligencia judicial decisiva para el esclarecimiento del desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el exdirector de la entidad, Olmedo López, aceptó formalmente su responsabilidad en el entramado de corrupción que dirigió hasta el 29 de febrero de 2024.
López, quien se desempeñó como un alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, decidió acogerse a la figura de sentencia anticipada, allanándose a los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
Esta determinación se produce luego de que diversos jueces de la República le negaran previamente dos intentos de preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Durante su intervención, el exdirector enfatizó que su declaración de culpabilidad no responde a una táctica procesal de último momento. “Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, sostuvo López.
Colaboración y próximos pasos judiciales
El hoy testigo clave del caso manifestó que su compromiso con la verdad incluye la entrega previa de documentos e información relevante a la Fiscalía, participando activamente en diligencias para desarticular la red de corrupción.
Según sus declaraciones, asumir la responsabilidad y aportar al esclarecimiento de los hechos es “el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”.
El cronograma judicial para López quedó definido de la siguiente manera:
Martes 26 de mayo: Se llevará a cabo la audiencia de legalización del allanamiento a cargos, donde el despacho judicial deberá avalar o no la aceptación de los delitos.
Junio: Se realizará la audiencia de sentencia anticipada, en la cual un juez de conocimiento definirá la condena definitiva que deberá purgar el exfuncionario por el desfalco a los recursos de la UNGRD.
Con esta confesión, el proceso entra en una fase definitiva que busca determinar el alcance total de las afectaciones institucionales y económicas provocadas por el entramado de corrupción en la gestión del riesgo en Colombia.
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