En un movimiento estratégico para acelerar la transición energética en el transporte público, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno Nacional entregará 52 millones de pesos a cada propietario de taxi (que actualmente funcione con gasolina, diésel o gas) que decida renovar su vehículo por uno totalmente eléctrico.
Según Gustavo Petro, esta medida busca que la rentabilidad del sector aumente a través del uso de la tecnología y no mediante la sobreexplotación de los trabajadores.
El presidente sostiene que, con la incorporación de vehículos eléctricos, los costos de operación bajan, permitiendo que las ganancias de los conductores y propietarios mejoren sustancialmente.
Este anuncio de beneficio a los taxistas no es un esfuerzo aislado, sino que forma parte de una visión integral de movilidad que Petro ha impulsado desde su etapa como alcalde.
El mandatario recordó el piloto de 50 taxis eléctricos realizado durante la “Bogotá Humana”, los cuales, según sus declaraciones, aún circulan por la capital.
Además, el plan incluye un componente de política industrial ambicioso, pues el Gobierno ha incrementado en un 40% el arancel para la importación de vehículos y motos que utilizan hidrocarburos.
El objetivo de esta medida es incentivar que estos vehículos —y especialmente sus componentes, como los motores eléctricos— sean ensamblados directamente en Colombia.
Impacto en la movilidad y el contexto urbano
La magnitud de este anuncio es significativa si se considera el volumen del parque automotor de transporte público.
Solo en Bogotá, las cifras oficiales del Observatorio de Movilidad reportan 58.247 taxis con tarjeta de operación vigente, aunque otros registros sugieren que la cifra podría ascender hasta los 138.000 vehículos al cruzar diferentes bases de datos.
Este incentivo para los taxistas se suma a otros esfuerzos de renovación de flota en el transporte masivo. El presidente mencionó previamente que el Gobierno dispone de 1.5 billones de pesos para transformar los buses de TransMilenio en eléctricos, una estrategia diseñada para evitar alzas en las tarifas que afecten el bolsillo de los ciudadanos debido al incremento del salario mínimo.
Esta iniciativa representa un desafío logístico y económico de gran escala para el año 2026, posicionando a la tecnología eléctrica como el eje central de la rentabilidad y la sostenibilidad del transporte en el país.
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